La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, indicó que el sistema actual de pensiones ha demostrado ser sostenible, mientras que la reforma al sistema de pensiones, presentada por el Gobierno, no es sostenible.
Para la gremial, el actual sistema ha demostrado su sostenibilidad debido a que en este esquema los “cotizantes son dueños de sus ahorros”. De acuerdo con un comunicado emitido por la Asociación, “desde que fue creado hace 17 años ha demostrado solidez, capacidad de pago de pensiones y ha sido además fuente de financiamiento de proyectos de desarrollo público-privado”.
Agrega que este ha sido el único respaldo para el pago de las pensiones de los salvadoreños.
En el esquema actual, manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las pensiones “se financian con el ahorro más la rentabilidad de los ahorros de la inversión de las AFP, por lo que el sector privado se opone a que sea confiscado el ahorro previsional de más de 1.8 millones de trabajadores” que son dueños de 8,500 millones de dólares, para gasto corriente, señaló la ANEP.
Por otra parte, la gremial considera que se deben analizar otras alternativas antes de aprobar la actual propuesta de reforma. Es así que hace hincapié en que una reforma debe estar enfocada en garantizar mejores pensiones para los trabajadores.
Con anterioridad, la ANEP ha brindado propuestas de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y para la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), enfocadas en incrementar la cobertura, fomentar el ahorro voluntario, fortalecer la gestión de riesgo, y contrarrestar la evasión y fortalecer las gestiones de cobro de las cotizaciones.
La ANEP indicó en su postura las consecuencias de la presente reforma que el gobierno ha presentado.
De acuerdo con la Asociación Nacional de la Empresa Privada “el sistema de reparto planteado por el presente gobierno es insostenible ya que desde su surgimiento no cuenta con los fondos necesarios para pagar las futuras pensiones”.
Finalmente, concluyó que “como consecuencia (de la reforma) el estado aumentará la deuda pública, no será sostenible en el tiempo ni resolverá los problemas fiscales”.