Nunca, en los últimos siete años, el saldo de las Letras del Tesoro (Letes) había alcanzado una cifra que superara los $900 millones de dólares.
Pero la cifra rompió récord el pasado 29 de marzo, cuando el Ministerio de Hacienda colocó $87.4 millones en títulos, y completó un máximo de $990.7 millones, que apenas se redujo a $936.7 millones, tras “abonar” $54 millones.
En años anteriores el saldo máximo al final de cada año llegó a $866 millones, $628 millones y en algunos periodos bajó hasta $328 millones; cuando el Gobierno hizo “refinanciamientos” de su deuda, pero nunca superó los $900 millones.
El economista Luis Membreño se atreve a decir que esta es la cifra más alta de Letes en la historia nacional.
A juicio de los analistas, esto refleja la falta de liquidez que está enfrentando el Gobierno a pesar de contar ahora con 24 nuevos impuestos.
El saldo también alcanza su máximo en momentos en que el Gobierno exige a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que desbloquee una emisión de $900 millones, que tiene congelada desde abril de 2015, y cuando se insta a la Asamblea Legislativa a aprobar $1,200 millones para diversos gastos, entre ellos, los planes de seguridad.
“Claramente evidencia que ya no tienen liquidez”, dijo Carlos Pérez Trejo, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Estas Letes son la fuente de financiamiento más fácil que tiene el Gobierno pues sirve como una tarjeta de crédito, y no necesita de la aprobación de la Asamblea Legislativa para emitir nueva deuda.
Y esta deuda se está volviendo cada vez más cara. De acuerdo con las cifras registradas a través de la Bolsa de Valores, las últimas emisiones de deuda en Letes que Hacienda hizo en marzo pagarán intereses de entre 5.3% y 6.4%, cuando en enero del año pasado las tasas eran de solo el 2.9%.
Eso sin contar que la tasa de interés efectiva (sin impuestos) ronda más del 9%, según explicó Membreño.
Peréz Trejo dijo que aún así, el Gobierno tiene margen para seguir emitiendo deuda.
Pero Membreño cree todo lo contrario. Asegura que a estas alturas “ya no hay apetito (de los inversionistas) para tener esta deuda a pesar de que la tasa de interés que puedan recibir sea atractiva.
“El apetito ya está saturado”, dijo el economista, quien explicó que en estos momentos las emisiones que se están haciendo son solo renovaciones a 120 días y no a un año, como siempre se ha hecho.
Las Letes son adquiridas por bancos, AFP y otras entidades financieras que a juicio de Membreño, ya han adquirido suficiente deuda del Gobierno como para tomar más riesgos.
Este saldo solo podría borrarse o disminuirse si la Asamblea Legislativa les aprobara deuda de largo plazo (como los $1,200 millones en bonos que han solicitado) para bajar la deuda.
Se eleva riesgo país
Los saldos de Letes y sus tasas de interés demuestran que el país está elevando su riesgo de deuda, y volviéndose menos confiable para pagarla.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva, el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) se ha elevado en los últimos años, por lo que ahora es más caro que El Salvador quiera colocar deuda a nivel internacional pues tendría que mayores tasas de interés.
Esto, aunado a la deuda total que el país tiene y que ya supera los $16,000 millones.
Aunque el Gobierno ha impulsado tres reformas fiscales en los últimos años, sus ingresos nunca alcanzan y sus funcionarios siempre refieren que no hay dinero para suplir necesidades básicas como la seguridad, salud e incluso, el pago de pensiones.
Los diputados en la Asamblea Legislativa, sobre todo de ARENA, han insistido en que el Gobierno tiene que comprometerse a aplicar una Ley de Responsabilidad Fiscal que ordene sus finanzas pues consideran peligros que se siga “topando la tarjeta de crédito” y que luego se limpie con deuda de largo plazo.
La diputada Milena Calderón aseguró que en la comisión de Hacienda de la Asamblea ya hay más peticiones de deuda para este año, pero no hay ningún plan o compromiso de mejorar las finanzas nacionales a través del ahorro y la reducción de los gastos superfluos.
