CARACAS. El gobernante Nicolás Maduro decidió ayer solicitar a la Sala Constitucional que declare ilegal la Ley de Amnistía aprobada hace una semana por la oposición, cuyo objetivo es dejar en libertad a los presos políticos del chavismo.
Ante miles de seguidores frente al palacio presidencial de Miraflores, el chavista reconoció que “hoy mismo” decidió iniciar el trámite para “pedir a la Sala Constitucional que declare inconstitucional la Ley de Amnistía criminal”.
“Desde el punto constitucional es inmoral, criminal. Y en uso de mis atribuciones como presidente de la República, garantizaré que haya paz y justicia para las víctimas”, remarcó el izquierdista.
Maduro no tiene atribuciones constitucionales para vetar este tipo de instrumento legal. Por eso Maduro recurre al Poder Judicial.
La Ley de Amnistía fue sancionada el pasado 29 de marzo por la Asamblea Nacional para se enviada a la Sala Constitucional y se ordene la inconstitucionalidad del instrumento legal.
La Sala Constitucional es una instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de estar bajo las órdenes del chavismo.
Además, en su discurso transmitido por cadena de radio y televisión, el mandatario también anunció que evaluará una propuesta de acortar el período del actual Parlamento, si éste insiste en aprobar una enmienda constitucional para acortar su gobierno (2013-2019).
“La voy a evaluar con absoluta seriedad, le prometo al país, y si veo la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional, yo mismo la activaría si el pueblo me acompaña. Se los prometo y me comprometo”, expresó.
Maduro justificó su pedido a la Sala Constitucional señalando que la amnistía aprobada el 29 de marzo es “una ley de guerra, para el odio”, y “un autoperdón de los golpistas donde confiesan sus crímenes durante 17 años” de gobierno chavista.
La oposición se ha propuesto sacar a Maduro del poder mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que reduzca su mandato de seis a cuatro años, junto con movilizaciones populares que reclamen la renuncia del gobernante.