Para combatir el control territorial que ejercen las pandillas en las comunidades, el Fiscal General, Douglas Meléndez, propuso ayer a la Asamblea penalizar hasta con 10 años de cárcel a quienes impidan a los ciudadanos circular libremente en sus colonias o que por culpa de la intimidación que ejerzan, las familias se vean obligadas a abandonar sus hogares.
Para ello, el Fiscal propone crear la figura delictiva que se llamará “limitación ilegal a la libertad de circulación” que se penalizará con prisión al que “mediante violencia sobre las personas o los bienes, o el que realizare cualquier acto de intimidación, amenaza o engaño” coarte la libertad de circulación de los habitantes sobre el territorio nacional.
Y si lo cometen dos o más personas la pena se agrava con prisión de seis a diez años, indica la propuesta.
“El acto aquél que un delincuente está tomando en una colonia, en un cantón, en cualquier lugar donde está impidiendo el ingreso del ciudadano a su casa, a su trabajo, incluso le pide renta o pone horario para que ese ciudadano ingrese a esa zona, que también pide al comerciante o vendedor que vende en esa área (renta), que esa situación sea regulada como un delito concreto, como limitación ilegal a la libertad de circulación”, la cual debe ser tutelada por el Estado, afirmó Meléndez ayer al entregar las propuestas a los diputados de la Comisión de Seguridad.
Acoso en las escuelas
El Fiscal también afirmó que castigarán a quienes acosen en los centros educativos a maestros, directores de escuelas y alumnos, ya que según Meléndez da pie a la creación de grupos ilícitos como las pandillas.
“Se regule que todo aquél pandillero o grupo que hace amenaza, coacción a profesores, estudiantes y padres (de familia) para que abandonen las escuelas, pedimos que sea directamente un delito”, solicitó Meléndez a los legisladores.
La iniciativa del Fiscal detalla la posibilidad de apresar con orden fiscal y no sólo con una orden judicial a menores de edad que delinquen.
En la moción también se contempla tipificar como delido la “resistencia agresiva” y sería sancionada con prisión de tres a seis años para quienes por medio de la “violencia, intimidación o amenaza con armas o sin ellas se negare a obedecer órdenes” de la Fiscalía, de la Policía y de la Fuerza Armada, comunicadas por estos cuerpos de seguridad de manera legítima.
La pena podría ser de hasta ocho años cuando el objetivo sea lesionar o causar la muerte a alguno de los miembros de los cuerpos de seguridad.
Dentro de las modificaciones planteadas por la Fiscalía se detallan todos los delitos relacionados con el hurto, robo, apropiación indebida, uso ilícito, desarme y modificación de placas de vehículos automotores, entre otros.
También incluye penas para quienes alteren el sistema informático o expedientes físicos de los registros de las instituciones del Estado. Este delito será sancionado con penas que oscilan entre cuatro a ocho años de prisión.
Otra de las propuestas de la Fiscalía es que el tráfico ilícito y la modificación ilegal de armas de fuego sea penado con cárcel de cinco a 15 años.
Según Meléndez, todo lo anterior ayudará a hacer eficientes las medidas extraordinarias de combate a la criminalidad impulsadas por el gobierno.
Los diputados calificaron de positivas todas las propuestas de la Fiscalía y se comprometieron a estudiarlas este próximo martes en la reunión de la Comisión de Seguridad. El aval a las reformas planteadas sólo necesitan de 43 votos.
Lea el documento que contiene las reformas: