El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, reiteró que los gastos o egresos de fondos que tuvo el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores Sosa, durante su gestión sobrepasaron los ingresos que tuvo.
El informe realizado por la sección de Probidad de la Corte a la gestión de Flores Sosa fue el segundo en ser enviado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito al no justificar sus ingresos por más de $600 mil.
Blanco, que fue entrevistado ayer en el programa radial de “Pencho y Aída”, manifestó que el caso del exdirector del Seguro Social pareció más “grave” debido a que presentó en Probidad una carta diciendo que era socio de una empresa (Quality Service) afincada en Manassas, Virginia, Estados Unidos, y que de ellos percibía $12 mil mensuales.
Sin embargo, el exfuncionario no presentó el documento original que Probidad le solicitó, por lo que la Corte Suprema solicitó apoyo a autoridades estadounidenses para determinar la veracidad de lo dicho por Flores Sosa.
¿El resultado? La información proporcionada por Estados Unidos reflejó que Flores Sosa no era socio de esa compañía que él mencionó.
“Pero resulta que era una fotocopia (la carta presentada por Flores Sosa). Se le previno que presentara la original, nunca la presentó. Se pidió ayuda internacional al gobierno de los Estados Unidos, averiguaron y dijeron que él no era socio de esa compañía. Vean el nivel de funcionarios capaces de mentir a la Corte Suprema de Justicia presentando documentos aparentemente falsos”, aseveró el magistrado.
Añadió que resultó curioso que Flores Sosa entra a dirigir el ISSS en enero de 2011 y en agosto se estaba comprando una casa de $500 mil, con una letra de descuento por $3,900 y devengando un salario de $3,700. Esto sin contar con las transferencias de dinero en efectivo que realizaba desde El Salvador hacia Estados Unido, de $5 mil mensuales, dijo.
En su momento, el exdirector del Seguro justificó que esas transferencias eran para sus hijos, para su manutención en dicho país y que el dinero, además de lo que percibía como funcionario, provenían de utilidades de la empresa donde era socio.
“Se citó a las personas, al motorista que era el que llevaba el depósito, en efectivo, se citó a su secretaria y dijo: ‘que efectivamente el director me daba un sobre con 5 mil dólares que se lo mandara a depositar, mensuales’, explicó el magistrado.
Funes, Saca y Cardoza
Por otra parte, Blanco reiteró que sí hay indicios por presunto enriquecimiento ilícito en los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, así como del diputado por Chalatenango Reynaldo López Cardoza.
En el caso del expresidente Funes, Blanco aseveró que en lo particular se resistió a analizar solo el patrimonio durante la presidencia pues resultaría muy “ingenuo” no investigar después.
“Personalmente me he resistido a que examinemos exclusivamente lo que obtuvo dentro del período porque podría ser muy ingenuo. Sale en junio y en julio comienza a recibir $13 mil mensuales. Entonces, creo que debe analizarse porque sino sería muy fácil para los funcionarios decir: no me des hoy la comisión, me la das mejor cuando salga”, expresó.
En el caso de Saca, la sección de Probidad determinó que no logró justificar $5 millones como parte de sus bienes muebles e inmuebles.
Como parte de su investigación, la unidad detectó depósitos, cuentas bancarias, propiedades y vehículos que no fueron reportadas por el exmandatario, las cuales argumentó que eran parte de las empresas Samix y Promotora de Comunicaciones, y no de su patrimonio.
Y en el caso del diputado López Cardoza, Blanco dijo que le extrañaba que siguiera siendo miembro de Junta Directiva cuando está siendo enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito.