Los proveedores de inmuebles vuelven a quejarse de que la Policía Nacional Civil (PNC), les adeuda el alquiler de éstos, desde hace seis meses o más. Se trata de edificios donde operan las delegaciones, subdelegaciones y puestos policiales a nivel nacional.
Son más de 360 proveedores de locales y edificios a nivel nacional que experimentan el mismo problema.
La situación se torna aún más preocupante al no tener ni siquiera una fecha tentativa de cuándo les pagarían.
Cuando los afectados preguntan a Tesorería de la PNC sobre una posible fecha de pago, los operadores aconsejan “llamar y preguntar al Ministerio de Hacienda, sin embargo, en esas oficinas no responden, o sus funcionarios nos dan una solución”, lamentó un arrendador.
“Nadie se hace cargo, lo andan de oficina en oficina y solo dicen: hable con el jefe, hable con Infraestructura o Tesorería de la PNC, pero al final, en unas no hay ni quién atienda el teléfono y en otras, sus funcionarios no tienen respuesta”, dijo un afectado.
Los propietarios aseguran que la mora en el pago de los alquileres les trastorna sus compromisos con los bancos, alcaldías y otros abastecedores de bienes y servicios.
“A mi me deben octubre, noviembre y diciembre de 2015. Además ya firmamos contrato de este año; pero debiéndome enero, febrero, marzo y abril de 2006”, afirmó uno de los consignatarios.
En uno de los casos, un afectado contó que la falta de pago, le ha puesto en aprietos con los bancos. Su situación se agrava porque está cancelando una casa y los bancos establecen fechas máximas de pago y si hay atrasos; cobran intereses moratorios.
El arrendante manifestó que ha tenido que pagar por adelantado a Tributación Directa el impuesto del IVA por alquiler de edificios a la PNC, porque de lo contrario, lo multarían.
“Yo ya cancelé el impuesto del IVA del alquiler de octubre, noviembre y diciembre, que la Policía no me ha pagado e incluso ya está en la declaración de la renta de 2015, porque cada mes debo girar una factura para que se tramite el pago, aunque no tenga recibo”, explicó.
Por experiencia, cuando las autoridades se deciden por pagar , no saldan de un solo la totalidad de la deuda sino solo un mes, y 15 días después, pagan otro mes.
Un propietario afirmó que para no caer en atrasos con los bancos, ha tenido que endeudarse con las tarjetas de créditos, aunque deba pagar el 36 por ciento mensual “con la esperanza de que la PNC me pague a mí, pronto”, afirmó.
“Yo soy pobre, voy coyol quebrado, coyol comido”, para referirse a su incomodidad económica.
Con esta mora la PNC incumpla el contrato de alquiler, pues el documento dice que con cuatro meses de atraso deben desalojar pero no cumplen.
“No se van, no vaya a ser que no he pagado el IVA porque mañana me lo están mandando a cobrar, pero cuando son ellos, no se aplican la Ley”, lamentó otro afectado.
Otra suministradora de inmuebles también relató su pesadilla. La señora mayor de 60 años, contó que su único ingreso era solo lo que la PNC le paga por el alquiler de una casa. Con lo que recibe paga el tratamiento contra el cáncer, que supera los mil dólares por mes.
Relató que cuando la PNC se atrasa, como ha sucedido a fin de 2015 y principios de 2016, tiene que suplicarle a uno de sus hijos que la auxilie.
“A veces, ellos tienen cómo ayudarme, pero en otras no, y yo debo rebuscarme con personas amigas para que me hagan un préstamo y de esa forma poder enfrentar el cáncer”, contó la señora.
Esta situación no es fácil para los arrendadores, si se toma en cuenta que la mayoría de proveedores son personas mayores de 60 años, jubiladas y con enfermedades crónicas.
Los inmuebles que poseen son herencias que les dejó un hijo, el cónyuge o es el resultado del ahorro de toda una vida de trabajo.
Gobierno en saldo rojo
Las deudas de la Policía con estas personas no son de ahora, sino de varios años atrás, a pesar de que esta institución cuenta con un presupuesto anual superior a los 350 millones de dólares.
Y el problema siempre ha sido que el Ministerio de Hacienda no gira los fondos del presupuesto a la Policía.
Los problemas financieros en el ramo de Seguridad ocurren a pesar de que desde 2009 a la fecha, la Asamblea Legislativa le ha aprobado más de 8 mil millones de dólares en préstamos, a parte de los ingresos por 23 nuevos impuestos, por lo que piden que Hacienda rinda un informe en el que indique el uso de esos dinero.
Hace una semana el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, se quejó de que no se contaba con dinero suficiente para financiar las medidas extraordinarias aprobadas a finales de marzo.
La semana anterior, la Asamblea Legislativa autorizó en primera vuelta, un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE) para seguridad pública.
Con esos recursos, el gobierno asegura que podrá sufragar los gastos de las nuevas medidas extraordinarias para la reducción de la violencia y el combate de las pandillas en siete de los 22 centros penales.
El diputado de ARENA, Donato Vaquerano, reclamó que solo al Ministerio de Justicia y Seguridad le han aprobado 170 millones de dólares y a la fecha solo han ejecutado 100 mil dólares.
Para impulsar los brazaletes en reos de baja peligrosidad así como granjas penitenciarias, más adecuaciones y ampliaciones carcelarias, el gobierno dispone desde hace más de dos años de 71 millones de dólares en préstamos concedidos por el BCIE, que tampoco ha logrado invertir en su totalidad.
Se intentó conocer la versión del director de la Policía, Howard Cotto y del ministro de Justicia, pero no fue posible contactarlos.