El VMT ha respaldado a Sipago, Subes y al Sitramss desde el inicio

El VMT ha tratado de aplicar el cobro electrónico del pasaje desde 2013. Solo ha podido realizarlo en el Sitramss.

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El Viceministerio de Transporte, llevó acabo la prueba piloto de los autobuses SITRAMSS en 2016.

/ Foto Por Douglas Urquilla

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2016-04-11 8:00:00

El VMT intenta en octubre de 2012 a través de una “Resolución Razonada” obligar a los transportistas del Gran San Salvador a usar exclusivamente el cobro electrónico y firmar un contrato con Subes;la cual tiene, hasta este momento, un carácter de monopolio de la administración del cobro electrónico.

Recientemente una ola de críticas han caído sobre el Viceministerio de Transporte (VMT) acusándolo de modificar los recorridos de las rutas del transporte público en Soyapango con el fin de beneficiar al proyecto Sitramss. Esta no es la primera vez que acusan al VMT de realizar acciones para tal fin, ni de que le señalen que los que se benefician económicamente son las empresas Sipago y Subes.

El gobierno presentó públicamente el proyecto Sitramss el 15 de diciembre de 2010. Apenas seis días antes, los buseros de la Mesa Nacional del Transporte constituyeron la empresa Sipago; la cual fue inscrita en el Registro de Comercio el 13 de diciembre de ese año.

Tres meses después, el 24 de marzo de 2011, en Uruguay, es creada Subes Uruguay. El siguiente mes, en El Salvador se constituye Subes El Salvador.

Y sin muchos contratiempos, en diciembre de 2011, Sipago contrata a Subes El Salvador para que le venda la tecnología del cobro electrónico del pasaje en el transporte público, así como la administración de este servicio.

El VMT da el aval para que Subes sea la empresa que brinde el servicio.

A pesar de que otros empresarios han intentado que les autoricen ofrecer un servicio similar al de Subes; el VMT no los ha autorizado. Ejemplo de ello son los casos de Trade Internacional y el proyecto PagoBus.

El cobro exclusivo de forma electrónica no estaba contemplado en ninguna ley, así que el VMT buscó darle legalidad a través de la resolución razonada. Y a finales de diciembre de 2012 , el viceministro de Transporte, Nelson García, anunció que se iniciaría el cobro electrónico en el transporte colectivo en 33 rutas de la zona de Santa Tecla y Ciudad Merliot. Hubo resistencia de los pasajeros, que incluso derivó en violencia. El proyecto quedó congelado.

El 1 diciembre de 2014, el VMT pública en el Diario Oficial las modificaciones al Reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre para darle legalidad al proyecto Sitramss; así como a la exigencia de un cobro electrónico.

En enero y febrero de ese mismo año, Sipago y Subes (que ya eran una sociedad) trajeron al país 37 buses (21 tipo padrón y 16 articulados).

El 2014 fue un año de elecciones presidenciales en El Salvador.

El 2 de febrero hubo una primera jornada electoral y el 9 de marzo, segunda vuelta. En ambas fechas, los buses del Sitramss fueron utilizados para mover pasajeros en los contornos de los centros de votación. En 2014, el Gobierno, con un préstamo del BID por 45 millones de dólares, inició la construcción de la infraestructura del Sitramss. Los carriles especiales y las estaciones de transbordo en un tramo de 6.4 kilómetros han sido puestos por el VMT a disposición y con exclusividad para el Sitramss; lo cual ha afectado la circulación de conductores del Gran San Salvador.

Para que un busero no quede fuera de la modernización que representa el cobro electrónico en el transporte público, como lo ha dicho el Gobierno, debe firmar tres tipos de contratos. Pero no todos los dueños de buses y microbuses están de acuerdo.

Uno de los documentos es el nuevo contrato de concesión con el VMT, en donde se estipula que los transportistas se sujetarán a las tarifas que el VMT disponga en la forma de cobrar el pasaje. El otro es con Bandesal, el cual administra el fideicomiso o la tarifa que se recaude de forma electrónica.

Finalmente, deben firmar contrato con Subes, la empresa que instala los validadores; Subes da en comodato el aparato lector de tarjeta por diez años y además se queda con el 8.5 % de la tarifa que recolecta través de la tarjeta.