Ante el argumento del Gobierno de que no tiene dinero para pagar las pensiones, y que por eso es necesario reabrir el sistema de reparto (la implementación de un sistema mixto de pensiones), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó este jueves una alternativa que le ahorraría al Estado unos $110 millones cada año, suficientes para cubrir el pago de las pensiones sin necesidad de reformar el sistema de capitalización individual.
El documento plantea la aprobación de un “certificado perenne” que devengaría una tasa fija del 6%, y con la que el Estado no tendría que pagar capital y solo abonaría intereses a sus acreedores.
El diputado Rodolfo Parker ha calculado que con esta reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el Estado se ahorraría unos $1,100 millones en 10 años, lo que le dejaría ahorros por $110 millones anuales.
Además le permitiría a los cotizantes mejorar la rentabilidad de sus fondos y con ello mejorar su pensión futura.
“Usted oxigena fiscalmente al Estado en alrededor de $110 millones anuales y, por otro lado, le incrementa la rentabilidad a los trabajadores e incluso volvería innecesaria la obligatoriedad de los títulos que compran las AFP”, dijo el legislador.
Al adquirir esta emisión de certificado única, el Gobierno trasladaría a un plazo de entre 30 y 50 años la deuda de todas las emisiones de Certificados de Inversión Previsional hechas hasta hoy y que, de acuerdo con cifras estimadas, ya supera más de $5,000 millones, que apenas devengan una tasa que va desde el 1.2% hasta un máximo de 3.5% de interés.
La modificación legal le plantea al Gobierno la opción de que haga una única emisión perenne o que lo haga en tramos. Y es que, además, ya está vigente el pago de nuevos intereses para las emisiones de nuevos Certificados de Inversión Previsional, luego que en febrero pasado la Asamblea Legislativa derogara un artículo considerado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Las nuevas tasas de interés van desde el 3.5% y llegarían al 3.9% en los próximos tres años.
Parker explicó que el Gobierno podría pagar estas tasas en los próximos años y que, posteriormente, podría trasladar esas emisiones a una emisión perenne y así ir eliminando toda esa deuda. La transacción sería similar a una consolidación de deudas en un solo crédito. “Nosotros le estamos planteando una nueva alternativa para que no haya justificación de que no tienen dinero”, apuntó el diputado. “Que no sea la falta de dinero una excusa para que el Estado revierta el sistema”, dijo Párker, quien ha mostrado su rechazo a reabrir un sistema de reparto en paralelo a un sistema de capitalización.
Hasta hoy la idea del Gobierno es que, al recibir cotizaciones de los trabajadores que ganen menos de dos salarios mínimos, logrará tener ingresos para pagar la pensión mínima que el Gobierno está obligado a pagar cuando se le acaban los fondos de su cuenta a un jubilado en una AFP.
Sin embargo, los economistas y organismos independientes aseguran que el Gobierno pretende tomar, confiscar o llevarse unos $4,500 millones que ahora están en cuentas individuales y privadas y llevárselas a un fondo común administrado por el Estado.
La propuesta fue presentada en la correspondencia de la Asamblea Legislativa el jueves pasado, y se espera que se agregue a la agenda de la comisión de Hacienda lo antes posible; mientras tanto los diputados siguen estudiando una reforma previsional que busca crear un sistema mixto de pensiones. Hasta el momento han invitado a la comisión al menos a diez organizaciones y sindicatos que han expuesto su opinión con respecto a la propuesta.
No es reforma de pensiones
El presidente de la Federación de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) dijo hace unos días que, tras leer la propuesta de ley del Gobierno, esta no es una reforma de pensiones, sino una reforma fiscal que solo busca resolver un problema de caja del Gobierno.
El profesional dijo que en el documento no hay ningún artículo que hable de mejorar la rentabilidad de las pensiones de los trabajadores y ningún incentivo para que haya más cotización, entre otras cosas.
Según Parker, el principal objetivo que debería perseguir la reforma de pensiones planteada por el Gobierno debería ser mejorar los ahorros de los cotizantes y abrir las posibilidades de una mayor inversión. No obstante, el documento que estudian los diputados solo indica que se abrirá un nuevo sistema de pensiones público y que tendrán que cotizar en él los que ganen menos de dos salarios mínimos, es decir, prácticamente el 70% de los cotizantes actuales.
La propuesta ha sido rechazada por la mayoría de organizaciones y economistas, pero el Gobierno se empeña en manifestar que si no se aprueba, no habrá posibilidad de pagar las pensiones a los jubilados. Esta semana las autoridades han divulgado un nuevo spot de televisión en el que se asegura que las AFP no tendrán dinero para pagar las pensiones ni para pagar la pensión mínima, que es de $207 cada mes.