Ni una ni otra institución sabe cómo ayudar a unos 10 ex beneficiarios del programa estadounidense Fomilenio I, en la Zona Norte del país, que hoy tienen sus negocios y viviendas embargadas por no poder pagar los créditos que aceptaron en 2010.
La Corporación Reto del Milenio (MCC) de Estados Unidos se desligó del proyecto desde que éste finalizó en 2014. Al cumplir con la ejecución de los $461 millones, el equipo que trabajó en él se disolvió y le entregó toda la responsabilidad y seguimiento a la Secretaría Técnica de la Presidencia y a Bandesal, que quedó administrando el dinero.
Las autoridades de esta institución estadounidense conoce los casos, pero reconoció que ya no le compete hacer nada.
“La MCC conoce los casos en cuestión. Teniendo siempre presente el objetivo de promover el desarrollo y crecimiento económico, ha estado abierta a escuchar las inquietudes de estas personas, en presencia de Bandesal y la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia.
De acuerdo con el correo que enviaron a esta redacción, la MCC refirió a Bandesal cada caso que presentaron a la institución.
Bandesal, por su parte, también se desligó del problema aduciendo que tiene restricciones legales para ayudarlos, pese a las reiteradas solicitudes que se les ha hecho.
En una lista de preguntas solicitada a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), dicen que es la misma ley de creación de Fidenorte la que les impide darle a los afectados el refinanciamiento que tanto solicitan para desahogar sus deudas.
“Debe considerarse que los recursos de Fidenorte no son propiedad de Bandesal ya que éste funge únicamente como administrador de los mismos”, respondió la institución financiera estatal.
Bandesal agregó que su trabajo con respecto a este crédito se hace de conformidad a lo que determinó el fideicomitente en la escritura de constitución.
“Dentro de dichas facultades no consta la de otorgar refinanciamientos de créditos otorgados con recursos del fideicomiso en cuestión”, cita la respuesta que dio Bandesal.
La entidad financiera reiteró que Bandesal tiene prohibido otorgar refinanciamientos de créditos, salvo que el dinero fuera expresamente de Bandesal.
“Debe considerarse que los recursos de Fidenorte no son propiedad de Bandesal ya que éste funge únicamente como administrador de los mismos y lo hace de conformidad con las instituciones recibidas por parte del fideicomitente las cuales se encuentran contenidas en la escritura de constitución del fideicomiso y de sus modificaciones. Dentro de dichas facultades no consta la de otorgar refinanciamiento de créditos otorgados con recursos del Fideicomiso en cuestión”, explicó la entidad financiera.
Los afectados por el proyecto de Fidenorte aseguran que cuando les vendieron el crédito para sus proyectos, los consultores les dijeron que podían refinanciar los créditos al tercer año de transcurrido el crédito.
“No nos leyeron la letra chiquita”, dijo Jorge Umaña, uno de los afectados que ahora está peleando porque no le quiten sus propiedades y su ganado, con los que ha trabajado.
Otros afectados señalan que los asesores de Bandesal no les advirtieron de las consecuencias a las que se enfrentarían en el futuro, pues si bien es cierto en los primeros años las cuotas que pagarían eran bajas, a medida que pasaba el tiempo esas cuotas se elevaban era más difíciles de pagar.
“Ellos sabían lo difícil que se hacía ir pagando las cuotas y aún así no nos asesoraron o aconsejaron de otra alternativa. Simplemente nos dejaron perder”, dijo Umaña.
Bajos valúos
Otro de los puntos que los afectados han señalado es que al iniciar un proceso de embargo, los peritos designados en el proceso han hecho valúos por debajo de lo que realmente cuesta la propiedad.
“Mi propiedad fue valorada en $920 mil, pero cuando comenzaron el embargo, dijeron que solo valía $450 mil. Les podría entregar toda la propiedad y aún sí les quedaría debiendo”, dijo don Fredy Hernández, quien también tiene un proceso abierto en un juzgado de lo civil.
Bandesal respondió que todos los valúos de las propiedades que han sido embargadas son realizados por peritos designados por el juez de la causa y no por Bandesal. “Es responsabilidad de cada perito designado judicialmente establecer los criterios por los que se asigna determinado valor a determinado bien”, reitera la institución financiera.
Sus opciones no son muy alentadoras. Al preguntarle a Bandesal qué opciones habían disponibles, la institución solo contestó que “se les ha planteado a las personas buscar refinanciamiento a través tanto de la banca comercial como la estatal.
Sin embargo, por su situación civil, nadie quiere prestarles dinero ya.
Lección de negocios
La Secretaría Técnica de la Presidencia tampoco tiene una respuesta para los afectados. Salomé Martínez, la asesora de esta institución, que a su vez participó como conexión entre Fomilenio I y Fomilenio II, atribuye el problema a un tema de diseño. “Su tarea (de los asesores) era colocar créditos. Había buena fe y se creyó que con solo construir una carretera y entregar dinero a todos a través de créditos se podía lograr un boom de negocios. Siempre hay que tener un polo a tierra”, dijo la profesional.
Aún así, Salomé explica que este problema que tiene hoy este grupo de microempresarios no fue la regla entre todos los beneficiarios. “Hay responsabilidades compartidas”, tanto por parte de las instituciones, que creyeron que todo iba a funcionar, como por parte de los mismos beneficiarios, que no vieron los riesgos de tomar créditos con tan poco plazo.
Martínez explicó que el diseño de Fomilenio I se hizo entre 2005 y 2007 y que, a su juicio, este no tuvo un análisis de factibilidad que les indicara que eran necesarios esos créditos. “Yo no estuve en ese tiempo, pero al comenzar a diseñar el nuevo Fomilenio II aprendimos a no diseñar proyectos sin un análisis de factibilidad”, señaló.
Y por esas lecciones de Fomilenio I es que el nuevo proyecto que se ejecutará en la costa salvadoreña ha cambiado la forma de ayuda.
En Fomilenio II la idea es que el Gobierno mejore las condiciones del sistema público para que los inversionistas desarrollen mejor sus proyectos. Si un empresario necesita una mejor calle de acceso para atraer más gente a su local, se trabajará en ello, por ejemplo.
No habrá entrega de créditos a empresarios. Ellos correrán por su cuenta y con su responsabilidad financiera mientras que el Gobierno le apoyará en lo que necesite para mejorar su caso.
Además se trabajará en un mecanismo de mejoras regulatorias para que la tramitología sea más expedita y así los inversionistas puedan animarse a levantar sus negocios con más facilidad y en mejores condiciones de la que están hoy.