Como informó ampliamente El Diario de Hoy en su edición del sábado, son muy reveladores los argumentos esgrimidos por un grupo de magistrados durante la Corte Plena para darle largas a la decisión de enviar a juicio a Funes por presunto enriquecimiento ilícito.
Se dijo que este señor “no había sido oído”, que el dictamen de Probidad “era un borrador”, que el tema “no se había discutido suficientemente”, que algunos de los magistrados “no tuvieron tiempo de leer los documentos”, que para una decisión “es necesario la asistencia de todos los magistrados”.
Uno de los magistrados alegó que “la investigación del patrimonio de los investigados debe hacerse del conocimiento de ellos, nos guste o no nos guste”, como si no fuera del conocimiento de tales personas que hay pesquisas abiertas desde hace un largo rato, pues además de lo que se publica, los presuntos enriquecidos han dado declaraciones, salen fotografiados, insultan en las redes sociales y hasta dicen que las compras de joyas y objetos de lujo que hicieron en el exterior eran “encargos”.
Pero “no se han dado cuenta y hay que informarles”.
Que un funcionario salga a ponerle reparos o intente alargar la decisión sobre una investigación de un presunto enriquecimiento ilícito, lo deja mal parado a él, aunque después diga que lo hizo en aras de la legalidad.
La gente no va a pensar que el funcionario participó en los hechos, pero sí le queda la duda de su proceder, así como se preguntan cómo el señor investigado pasó de casita alquilada a grandes mansiones de la noche a la mañana.
“Tú me rascas la espalda y yo rasco la tuya…”
El cuerpo de reacción inmediata de la PNC recién fundado no se mueve tan rápido como los que llegan a verse bajo investigación y usan todos los recursos a su alcance, inclusive para reformar leyes y mover estructuras de influencias, de los que rascan la espalda de unos para que se las rasquen a ellos, los que consiguen favores como el nombramiento del sobrino inútil en un ministerio, etcétera.
Estos piensan que para “enriquecerse ilícitamente”, o robar como se decía antes, es menester montar las estructuras políticas, las alianzas, los compadrazgos, el andamiaje que estorbe y dilate indagatorias, borre huellas, cierre la boca a potenciales bocones, persiga a los que se salen del guacal y tomen represalias contra quienes señalen y denuncien.
El principio que busca protegerse es uno fundamental del marxismo: lo robado, robado queda. Quien privatiza fondos públicos, derrocha presupuestos en su provecho, hace que sus tarjetas las paguen entidades estatales (las que antes pudieron estar “topadas”), adquiere joyas y artículos de lujo y mete todo eso de contrabando y además compra por miles de dólares modelitos de alta costura para la mujer, no necesariamente es un corrupto, según la postura de algunos.
Probidad y el público, empero, piensan distinto, pues si un número de funcionarios se propone enriquecerse ilícitamente (robar como se decía antes), muy mal irán las cosas para el resto de la gente, ya que lo “ilícitamente obtenido” se resta a los servicios públicos, al suministro de agua, a los hospitales, al mantenimiento de calles y carreteras, a la enseñanza y al buen funcionamiento de las escuelas, incluyendo sus techos y servicios sanitarios…