El discurso oficial en relación a la criminalidad se ha endurecido. Los funcionarios han pasado de dar declaraciones ambiguas y débiles sobre temas críticos, a adoptar posturas, en ocasiones, hasta extremas. El discurso, ahora, es consistente con la actitud punitiva que años de inseguridad cultivado entre ciudadanía y tatuado en su mente. Esta no es la primera vez que las autoridades cantan la canción que la mayoría quiere escuchar. Sin embargo, es necesario tener cuidado con que la balada gubernamental no sean cantos de sirena.
Hace unos años, durante el 2012, David Munguía Payés, en ese entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, también manipuló la desesperación ciudadana para ganar popularidad mientras en secreto pactaba con los cabecillas de las pandillas. En su discurso figuraban los estados de excepción y otras medidas de igual tono que ahora tiene el oficialismo entre dientes. La pregunta es: ¿si estaba negociando con las pandillas, para qué utilizaría los estados de excepción?
No hay que ser un fanático de las teorías conspirativas para deducir que los fines de esa estrategia eran políticos. Basta ver cómo diferentes regímenes autoritarios han empleado métodos similares para crear las condiciones entre la sociedad para progresivamente introducir medidas represivas con finalidades políticas.
Existe, por tanto, la posibilidad que todo el discurso actual sea un espejismo diseñado para alcanzar objetivos partidarios del oficialismo. Esto no es probable solamente por el antecedente de Munguía Payés, sino porque los funcionarios actuales tienen vínculos mucho más fuertes con el FMLN, lo que sugiere que estarían aún más dispuestos a contribuir a la consecución de metas partidarias.
La facilidad con la que oficialismo (y la clase política en general) miente a la ciudadanía ha quedado evidenciada con las recientes publicaciones relacionadas a los Panamá Papers. La información difundida en notas periodísticas vinculadas a la investigación, ilustra cómo los funcionarios del más alto nivel ocupan un discurso consistente con el sentimiento ciudadano, pero atrás del telón hacen completamente lo opuesto. Sánchez Cerén, por ejemplo, pidió a los empresarios no sacar su dinero, reclamando que invirtieran en el país para hacerlo más productivo, pero al mismo tiempo la empresa del oficialismo sacaba millones de dólares a Panamá. Óscar Ortiz promete mano firme contra la criminalidad mientras es socio en una off-shore con una persona que ha sido designada como capo del narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.
Todos estos elementos hacen dudar que las intenciones del ejecutivo sean genuinas y que lo que ahora ofrece no esconda motivos ulteriores, vinculados a intereses partidarios. Sin embargo, analicemos la situación bajo el supuesto que esta lectura está totalmente equivocada y que el presidente y su equipo de seguridad realmente están comprometidos con mejorar la seguridad pública. Este escenario plantea la pregunta: ¿Tendrá un impacto positivo en la seguridad lo que está haciendo el gobierno?
Las medidas excepcionales anunciadas oficialmente no son perfectas, pero la más peligrosa es una de la que nadie se quiere hacer cargo. Durante las últimas semanas, se han intensificado los incidentes en que policías matan a pandilleros, etiquetado por las autoridades como enfrentamientos. Las fotos sobre los hechos diseminadas en las redes sociales, sin embargo, no son consistentes con “enfrentamientos”.
Algunas personas han sugerido que existe dentro de la policía grupos de limpieza social. Aunque este tipo de iniciativas podría parecer atractivo para la ciudadanía desesperada por la criminalidad, la historia ha demostrado que estos grupos terminan complicando el problema en lugar de resolverlo. Es necesario que los salvadoreños seamos escépticos con nuestros funcionarios. No tiene nada de malo. Los obliga a continuamente tratar de ganar nuestra confianza. Quien abogue por no tener desconfianza, seguramente tiene un interés oculto.
*Criminólogo
@cponce_sv