Con tres meses de retraso la Asamblea Legislativa juramentó ayer a Sonia Cortez de Madriz para un tercer periodo en la Procuraduría General de la República (PGR) y de entrada solicitó más presupuesto anual para la institución y contratar más defensores públicos.
La funcionaria, quien debió asumir el cargo el 13 de enero de este año, pero hasta ayer hubo consenso entre los partidos para elegirla, indicó que la Procuraduría necesita más fondos; para este año cuenta con un presupuesto de $25.4 millones.
Uno de los principales desafíos que la Procuradora electa planteó ayer, tras su juramentación, es hacer una reingeniería en el personal administrativo y subir la cantidad de defensores públicos, pues según dijo un 15 % de los trabajadores se resisten a cambiar sus actitudes y trato hacia el usuario.
“Ha mejorado pero no lo suficiente, todavía hay un 85 % que están haciendo bien las cosas y un 15 % que todavía se queda atrás”, subrayó.
También tiene el reto de revisar las 34 observaciones que el presidente Salvador Sánchez Cerén ha hecho recientemente a la Ley de Adopciones, aún en estudio en la Asamblea Legislativa.
Otros retos que planteó Cortez de Madriz para su tercer y último periodo en la PGR, según afirmó, es velar por los derechos de la mujer, de los niños y del adulto mayor.
“En el año 2010 me proyecté para tres periodos, no sé por qué, pero consideré que en nueve años iba a desarrollar proyectos de corto y mediano plazo y la realidad me ha dado la razón”, expresó.
Desde un principio Cortez de Madriz contó con el respaldo de GANA y del FMLN para ser reelecta. Ernesto Muyshondt, de ARENA, explicó que se decantaron por la funcionaria porque reúne los requisitos y experiencia para el cargo, aunque el diputado arenero Johnny Wright Sol manifestó que también habían otros candidatos con capacidad para el puesto.
Wright Sol, quien votó en favor de reelegir a Cortez de Madriz, reprochó que la Asamblea hubiese tardado tanto para decidirse por la misma persona que desde 2010 ocupa el cargo de Procuradora de la República.
Wright Sol calificó de “irresponsabilidad” la tardanza de la Asamblea en elegir a los funcionarios de segundo grado. De hecho, la Comisión Política aún no ha logrado acuerdo para nombrar a los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
CNJ sigue entrampada
La elección de los nuevos integrantes del Consejo está pendiente desde junio del año pasado y, según la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, puede deberse a que serán estos funcionarios los encargados de proponer a los diputados los candidatos para renovar a 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que deberán ser renovados en 2018.
“Ellos proponen también a los candidatos de la próxima Corte (Suprema de Justicia) y yo creo que eso está entrampando que cada partido no está conforme como el otro piensa que debe ir ese equipo”, subrayó Peña.
Añadió que aunque les ha pedido a sus colegas que aceleren el paso para elegir al CNJ, no puede obligar a cada jefe de fracción “ni agarrarlos de la oreja” para imponerles un criterio.
Muyshondt confirmó también que el entrampamiento en la Asamblea se debe a la falta de consenso sobre quiénes deben asumir los cargos en el CNJ, porque serán ellos los responsables de elegir a los próximos magistrados de la CSJ y, especialmente, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El arenero dejó entrever que existe cierta “presión” del FMLN de escoger a candidatos afines a su partido y que allí radica la falta de consenso.
“Que se elija a base de capacidad y no de reparto partidario, eso no queremos y esa diferencia de visión es lo que ha estado entorpeciendo (la elección del CNJ)”, señaló Muyshondt.