La mala gestión y administración que arrastra la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) se refleja también en el déficit con el que ha operado.
Según los datos recabados por el especialista en gestión integral del recurso hídrico Leopoldo Dimas, el promedio anual del déficit de la Anda ha sido de $29,014 millones en el periodo de 1990 a 2014.
“Tenemos un administrador ineficiente”, considera Dimas. Con cifras de los informes anuales de la Anda, el especialista agrega que los ingresos de la autónoma representan el 73.5 % de los gastos.
Si eso ocurriera en una empresa privada, sería argumento suficiente para que una junta directiva o de accionistas despidiera al presidente. Pero eso no ha ocurrido en la autónoma.
Por otro lado, la inversión promedio, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), ha sido de 17.7 millones de dólares en el periodo de 2000 a 2013.
“Es una inversión insuficiente”, consideró Dimas. Su afirmación se basa en el hecho de que solo para el manejo de aguas residuales en la zona costero marina, el proyecto de Fomilenio II calculó que es necesario invertir 185 millones de dólares.
El especialista considera que aunque es necesario solucionar la crisis administrativa de la Anda, el país tiene un problema aún mayor: la falta de un ente rector y regulador para este sector.
Por ello considera que es necesario aprobar una ley que cree esos entes.
Una ley escurridiza
Sin embargo, la posibilidad de que se apruebe una ley que regule la gestión del agua en el corto plazo es casi nula. Esto pese a que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén ha pedido a los diputados acelerar el paso y aprobar una de las propuestas de ley en manos de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Ayer por la mañana, la diputada tricolor y miembro de esa comisión, Evelyn Batres dijo en una entrevista radial matutina que ella y sus colegas diputados están dispuestos a discutir esa propuesta desde el artículo 1.
Esto puede alargar más un proceso que le llevó un año y medio a la Comisión de Medio Ambiente de la gestión legislativa anterior. Proceso en el que se discutió la propuesta estatal, enviada por el MARN y respaldada por el Foro del Agua y la Unidad Ecológica Salvadoreña.
El punto más polémico de la discusión, ha sido si el ente rector del sector agua debe ser una autónoma, con representantes del sector privado, o una institución que dependa del Ejecutivo, como el Ministerio de Medio Ambiente.
Luis Felipe Trigueros, uno de los regantes que firmó y presentó la propuesta alternativa conocida como “la de los regantes”, coincide con Dimas al afirmar que la actual crisis no se debe a que no haya agua, sino a la mala administración por parte de la Anda.
Cuestionado sobre el hecho de que el presidente Sánchez Cerén haya urgido a los diputados para que aprueben pronto una ley que rija el sector agua, Trigueros consideró que los diputados deben retomar la discusión empezando a revisar la propuesta de los regantes que, según él, no ha sido estudiada.
Desde su punto de vista, la propuesta estatal lo que hace es “administrar la escasez”, tiene elementos que permitirían la “confiscación” y que el agua sea utilizada “como arma política”. Esto sucedería, según él, si el ente rector llegara a ser el Ministerio de Medio Ambiente.
La propuesta de los regantes, propone un ente rector autónomo técnico, “que trascienda los gobiernos y que pueda tener planificaciones a largo plazo”.
Esta entidad, según la propuesta de los regantes, tendría en su directiva representan de universidades y de sectores como el turismo, el comercio y el agro.
La propuesta de los regantes también incluye el establecimiento de incentivos para mejorar la gestión y el uso sostenible de los recursos hídricos, aseguró Trigueros.
Carlos Flores, técnico responsable del tema agua en la Unidad Ecológica Salvadoreña, considera que no se debería retrasar más la aprobación de la propuesta de ley oficial.
Él considera que se quiere borrar todo lo que se ha discutido, con tal de que “no haya una institucionalidad fuerte”. Flores cree que eso es lo que sucedería si la autoridad hídrica llega a ser una autónoma donde, en sus palabras, “de siete directivos hayan cinco que sean privados”.
En la guía para los organismos que vigilan la gestión del agua en El Salvador, publicada por el PNUD en 2015, se afirma: “La falta de acceso a agua no solo obedece a que esté escaseando. La crisis del agua está cada vez más ligada a cómo nosotros, como personas y miembros de la sociedad, gestionamos el acceso y el control del agua y de sus beneficios”.
“El agua no mana de una fuente inagotable. Este vital recurso solo es renovable si está bien gestionado”, advierte el documento.