Sistema mixto no mejora la pensión mínima

La propuesta no cambia ni el monto, ni la garantía para el pago de una pensión mínima si se le compara con la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones.

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Bajos salarios y baja rentabilidad pueden generar una pensión mínima a un trabajador.

/ Foto Por elsalv

Por Rodolfo Ortiz

2016-04-15 8:30:00

La pensión mínima que el Gobierno busca asegurar al crear el sistema mixto de pensiones es en realidad un derecho que ya se encuentra establecido por ley en el actual sistema de cuentas individuales. Según análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en este punto la reforma en realidad no representa una novedad.

En los últimos días el Gobierno ha lanzado un spot publicitario por televisión en el cual se asegura que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) “ni siquiera garantizan el pago de la pensión mínima para los trabajadores”.

La campaña publicitaria expresa que con el sistema mixto se garantiza la sostenibilidad de todas las pensiones, incluyendo la mínima. Sin embargo, este objetivo de la reforma bien podría ser innecesario. Y es que el capitulo XII de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones ya establece que “el Estado será responsable del financiamiento y pago de las pensiones mínimas”.

Además la normativa añade que este beneficio se otorgará “cuando se agote el saldo de la cuenta de ahorro”.

Con este precedente la investigadora del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, Luz María Serpas opinó que “de acuerdo a la propuesta de reforma, del lado del afiliado no hay una nueva condición de beneficio al compararla con el sistema actual”.

La secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Sarahí Molina, fue más allá al recalcar que el Gobierno no puede alegar que necesita las cotizaciones de los trabajadores para cumplir con la pensión mínima.

“La garantía de la pensión mínima es una responsabilidad del Estado y para eso debe existir una partida de recursos en la que no tiene nada que ver el sistema de pensiones”, expresó la líder sindical.

A estos comentarios la presidenta ejecutiva de AFP Crecer, Ruth de Solórzano añadió que actualmente una pensión mínima se paga primero con el saldo de la cuenta individual y “en la propuesta presentada se indica que el pago dependerá de los recursos del Estado”.

En todo caso ¿A qué se debe que el 70% de los afiliados reciban una pensión mínima? 

Según organismos como Fusades o la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) esto ocurre porque la rentabilidad de los ahorros está limitada a invertirse en su mayoría  en títulos del Estado. 

Los Certificados de Inversión Previsional (CIP) son los más dañinos de estos títulos, porque desde 2009 han pagado una rentabilidad apenas superior al 1 %. $58 de cada $100 ahorrados están invertidos en estos papeles.

En otras palabras, si la reforma estuviese enfocada en permitir mejores inversiones para el ahorro y, por ende, en mejorar la rentabilidad del fondo de pensiones, los trabajadores no estarían amarrados a recibir una pensión mínima y depender del Estado.

Mejorar la rentabilidad de los CIP también tendría este efecto. Según la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FundaUngo), un aumento en la rentabilidad mejora considerablemente la pensión mensual en el actual sistema.

En el escenario de un hombre que cotiza con un salario fijo de $500, durante el mínimo de 25 años requeridos, con rentabilidad fija de 3%, este recibirá una pensión de $167.68. 

El Estado tendría que desembolsar un complemento para que la jubilación llegue a la pensión mínima de $207.60.

Pero si en ese mismo caso la rentabilidad fuese de 6.38 %, la pensión sería de $266.42 y el Estado ya no tendría que pagarle mientras duren sus ahorros.

De momento la rentabilidad promedio anual de los ahorros es cercana al 3 % debido al impacto negativo que tienen los CIP. Es decir, mejorar la rentabilidad haría sostenible las pensiones, sin necesidad de un cambio drástico como un sistema mixto.

Fusades publicó un análisis de la reforma en el cual concluyó que “puede llegar a afectar el derecho a la seguridad social en su dimensión de una pensión digna, al no generar las garantías suficientes que permitan materializar el goce de ese derecho”. Esto porque el Gobierno ha reconocido que el sistema mixto, que debe garantizar el pago de las pensiones, nacerá desfinanciado.