Enfrentar la criminalidad que aqueja a El Salvador en nuestros días exige, en definitiva, medidas firmes desde el Ejecutivo para fortalecer la seguridad, la participación activa de diversos actores y sectores clave de la vida nacional, el involucramiento de la sociedad en general en el ejercicio de sus deberes ciudadanos, así como un acompañamiento internacional que nos ayude a afinar las capacidades de nuestras instituciones de prevención de la violencia y combate al delito.
Pero todo ello requiere además que, en medio de la vorágine y las comprensibles demandas de resultados inmediatos, como salvadoreños y salvadoreñas no olvidemos de dónde venimos y cuál fue la ruta que en 1992 nos trazamos, cuando tuvimos la determinación de transitar hacia un país en el que los atropellos a los derechos humanos quedaran en el pasado.
Como tomadores de decisiones y como principales responsables en la ejecución de las mismas, he de decir que, en el Ejecutivo, no nos hemos olvidado de ello. Y es por eso que, no solo en el marco del Plan El Salvador Seguro, sino también de las medidas extraordinarias que en materia de seguridad se están impulsando, el respeto a los derechos humanos siempre es la columna vertebral.
Fue este, de hecho, el planteamiento que, a inicios del presente mes, tuve la oportunidad de compartir en en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos. Acudí personalmente, como en rara ocasión lo hace un Canciller en este tipo de sesiones, precisamente porque es un tema de nuestro más alto interés.
Tal como lo expresé en ese espacio, el presidente Salvador Sánchez Cerén y sus funcionarios tenemos un compromiso histórico con el pleno respeto a los derechos humanos. En esa línea, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en el combate de la criminalidad teniendo siempre como premisa el respeto y la garantía de los derechos humanos, implementando una estrategia de seguridad verdaderamente integral.
Por eso nuestros planes comprenden también prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción, oportunidades educativas, de inserción productiva y empleabilidad, servicios a la familia y a la comunidad; en fin, de una visión holística que sin duda supera las viejas concepciones eminentemente represivas.
Sin embargo, al mismo tiempo que promovemos este enfoque, tenemos hoy una responsabilidad ineludible de enfrentar, con todos los recursos legales al alcance, las acciones criminales de grupos que atentan contra los derechos de gran parte de la población. Y estos recursos extraordinarios, que han sido dialogados con y respaldados por todo el espectro político nacional, no atentan en ningún momento contra los derechos humanos ni vulneran la institucionalidad que decidimos construir tras la firma de los Acuerdos de Paz.
Ese cuidado que hemos tenido se expresa asimismo en un mecanismo que estamos articulando, con la participación de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y al que además se invitará al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, para que pueda verificar las intervenciones que realicen la Policía y la Fuerza Armada en el territorio, a fin de evitar cualquier actuación al margen de la ley. A ello se sumarán también prontas acciones de fortalecimiento de la Inspectoría General de Seguridad Pública y de la Inspectoría General de la Fuerza Armada.
Basados en esta visión, por supuesto que nos tomamos con toda la seriedad que ameritan las recomendaciones de los miembros de la CIDH y de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, en el sentido de buscar siempre el justo “equilibrio” en esta balanza y de poner en marcha, siempre que sea necesario, todos los mecanismos de control y sanción ante cualquier posible abuso de las autoridades.
Al final, tenemos todos la misma convicción: la seguridad para nuestra gente no puede construirse sobre derechos pisoteados. Seguridad y derechos humanos, por el contrario, son un binomio indisoluble que debemos continuar garantizando para las futuras generaciones.
*Ministro de Relaciones Exteriores