BRASILIA. Por 342 votos, la Cámara de Diputados de Brasil votó el domingo a favor de llevar a la presidenta, Dilma Rousseff, a juicio político con miras a destituirla, pero será el Senado el que aún deberá ratificar la decisión.
Rousseff ha sido acusada de incurrir en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Los promotores del proceso alcanzaron la preceptiva mayoría de dos tercios de los votos cuando aún no se habían pronunciado los 513 diputados y estallaron en algarabía al grito de “Fuera Dilma”, en medio de las protestas del oficialismo que respondía “no habrá golpe”.
“Cuánta honra me reservó el destino para dar este grito en nombre de todos los brasileños”, dijo el diputado Bruno Araujo, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el anunciar el voto que le garantizó la victoria a la oposición.
En medio del alborozo y las lágrimas de algunos diputados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la votación continuó en medio del festejo opositor, que se replicaba en las calles de decenas de ciudades del país, en las que el resultado fue seguido por fuegos artificiales y el mismo grito: “Fuera Dilma”.
El próximo paso del proceso estará en manos del Senado, que a partir de mañana iniciará los trámites para decidir si se abre el juicio político contra Rousseff, lo cual puede ser definido en unos 20 días.
La votación en la Cámara baja estuvo precedida de debates que se celebraron en forma ininterrumpida desde el pasado viernes y en los que la oposición ya había insinuado que contaban con los votos necesarios para aprobar el proceso.
“Los golpistas vencieron aquí en la Cámara”, pero “esta derrota provisoria no significa que terminó la guerra”, dijo a periodistas el jefe de la bancada oficialista en la Cámara, José Guimaraes.
“No nos vamos a dejar abatir por esta derrota momentánea. La guerra será prolongada”, advirtió.
El proceso
Según los plazos constitucionales, el Senado deberá conformar una comisión especial de 21 miembros, que elaborará un informe sobre el caso en un plazo de diez días útiles.
El informe será remitido entonces al pleno del Senado, que por mayoría simple entre sus 81 legisladores decidirá si se instaura el juicio político contra Rousseff, lo que pudiera ocurrir alrededor del 10 de mayo.
Si el pleno del Senado respalda la posición de la Cámara de Diputados, Rousseff será sometida a un juicio político con fines de destitución y deberá separarse del cargo durante un plazo de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara Alta para el proceso.
Durante ese período, el lugar de Rousseff sería ocupado por el vicepresidente Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien rompió sus relaciones con la mandataria y ha dedicado las últimas semanas a consultas sobre lo que sería su posible gobierno, pues si se llega a la destitución le tocará completar el mandato que acaba el 1 de enero de 2019.
Durante el proceso, la comisión escuchará a la defensa de la mandataria, a la parte acusadora y a otros testigos que pueda citar, y debatirá el caso a la luz de las acusaciones, que se limitan a una serie de irregularidades fiscales en las que incurrió el Gobierno en los dos últimos años.
La comisión especial elaborará entonces un nuevo informe, que nuevamente será sometido al pleno del Senado en una sesión única, dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, y en la que se decidirá la suerte definitiva de Rousseff.
Si una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) hallase a la presidenta culpable, entonces Rousseff será destituida, perderá sus derechos políticos por ocho años y Temer concluirá el mandato en 2019.
No obstante, si el Senado se inclina por la absolución, Rousseff volverá a ocupar el cargo para completar el período constitucional que le adjudicaron las urnas en las elecciones de 2014.