BRASILIA. El trámite para un eventual juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff continuó el camino constitucional y llegó al Senado, después de que el pasado domingo fuera aprobado en la Cámara de Diputados por una clara mayoría de 367 votos frente a 137.
La acusación contra Rousseff se fundamenta en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
El trámite comenzó ayer con la lectura de un informe remitido por la Cámara baja, lo que abrió un período de 48 horas para que los partidos representados en el Senado designen a los 21 miembros de una comisión especial que analizará las denuncias.
Esa comisión, que puede ser instalada el próximo 26 de abril, debatirá el asunto durante diez sesiones y también elaborará un informe que será discutido por el pleno del Senado.
Con el apoyo de una mayoría simple de 41 de los 81 miembros se abriría el juicio político.
“Si los partidos designan a los miembros de la comisión antes de que pasen esas 48 horas, la instalación podría adelantarse”, dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros, pero aclaró que algunas formaciones han manifestado que usarán ese plazo.
Si el pleno de la Cámara alta respalda la apertura del juicio político, Rousseff será separada del cargo mientras dure el proceso y será reemplazada por el vicepresidente Temer durante los 180 días que puede durar el trámite.
En caso de destitución, Michel Temer, que ha roto toda relación con Rousseff, completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
Temer se ha recluido en su domicilio particular de Sao Paulo, en el que ha recibido a numerosos políticos y economistas, lo que ha sido interpretado como un primer paso de cara a conformar su eventual equipo de Gobierno.
En la puerta de su casa, el vicepresidente dio ayer unas breves declaraciones a periodistas y aseguró que esperará “de forma muy silenciosa y respetuosa” la decisión del Parlamento. “El Senado da la última palabra sobre la materia y, por tanto, sería inadecuado que dijese cualquier cosa antes”, declaró.
Mientras, Rousseff, insistió ayer en que el país está bajo la amenaza de un “golpe” que sembrará desestabilización.
Esta vez, la mandataria convocó a los corresponsales extranjeros, ante los que reiteró sus argumentos contra el proceso e insistió en presentarse como víctima de una “conspiración” que persigue “acabar” con los programas sociales aplicados durante su gestión.
“Hicimos un ajuste fiscal muy fuerte”, explicó sobre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis de la economía nacional, pero subrayó que la austeridad adoptada por el Gobierno “preservó todos los programas sociales” y evitó apretar a los más pobres.
Rousseff volvió a negar las acusaciones formuladas contra ella, que se refieren a maniobras fiscales irregulares.
“No hay dolo, no hay dinero desviado, no hay corrupción”, dijo una y otra vez la presidenta, quien llegó a afirmar que en todo el proceso en su contra hay un “componente fuerte” de machismo.
Muchos anticipan que la presidenta buscará cuestionar la legalidad del impeachment ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia de Brasil.
Pero el Supremo ya mostró independencia al rechazar un pedido del gobierno para parar la votación del impeachment en Diputados, por supuestos vicios legales.
Algunos analistas creen que la única esperanza que le resta a la presidenta es que aumente de la presión sobre el Senado a su favor, ya sea desde el exterior o de las propias calles de Brasil.