Familiares denunciaron este jueves que la salud del subsargento Tomás Zárpate Castillo, uno de los cuatro militares detenidos por el caso jesuita se ha agravado y se le negó la atención en el hospital Militar y Rosales.
Zárpate Castillo padece de diabetes lo que complicó dos úlceras que salieron en uno de sus pies el martes anterior.
Un médico de salud pública lo examinó y determinó que por la gravedad el militar debía ser hospitalizado.
De inmediato fue referido al hospital Rosales pero por falta de camas no fue ingresado, “no queremos pensar que todos los astros se han alineado para negarle el derecho a la salud a esta persona detenida”, afirmó el abogado Lizandro Quintanilla.
Ante la negativa en el hospital Rosales, fue trasladado al Militar, pero tampoco lo quisieron admitir, aduciendo que ya no gozaba de los beneficios de la institución, a pesar de haber combatido en el pasado conflicto armado, subrayó Quintanilla.
Sin ninguna atención el martes anterior, Zárpate Castillo fue regresado en peores condiciones a las bartolinas de la delegación policial donde guarda detención.
Por su gravedad, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Juzgado Primero de Paz que librara un oficio (o una orden) al Instituto de Medicina Legal para ordenar su evaluación y determinar si era necesario su ingreso a un hospital.
“Zárpate Castillo está grave de salud. Esas son algunas de las complicaciones que están teniendo cada una de los cuatro militares arrestados en su drama o la tragedia que están viviendo”, subrayó el abogado.
“Le pido al señor presidente y al vicepresidente del República y a la Corte Suprema de Justicia que finalicen este caso, quiero ya la libertad de mi esposo, no queremos seguir esperando, queremos una solución pronta”, afirmó en tono de angustia y desesperación Irma de Zárpate, esposa del militar.
Agregó que debido al arresto de su esposo, la situación económica se le ha complicado pues el aporte de lo que ganaba como carpintero contribuía al sostenimiento del hogar.
“Por eso, señores de la Corte Suprema de Justicia les suplico que dejen libre a mi esposo y a los demás que están detenidos. Mi esposo necesita ser hospitalizado para que le vean sus úlceras. Yo no quiero que vaya a perder su pie”, suplicó la cónyuge.
Los otros tres detenidos y los que aún no han sido arrestados enfrentan serios problemas, algunos ya perdieron su trabajo, otros están a punto de ser despedidos, lo que está angustiando a sus familias.
“Alrededor de esto hay una gran problemática familiar, social, laboral y económica”, puntualizó Quintanilla.
“No entendemos por qué la Sala de lo Constitucional hasta este día no ha emitido ninguna resolución al respecto, ni siquiera sabemos, si los magistrados Sidney Blanco y Florentín Meléndez aceptaron la recusación (separarse de conocer los recursos) que nosotros solicitamos al plantear las exhibiciones personales”, afirmó.
“No estamos siendo notificados de alguna resolución”, se quejó Quintanilla.
Todo esto sucede a pesar de que la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que el hábeas corpus o exhibición personal tiene como objetivo proteger el derecho de libertad más expedito, incluso se puede acudir a la Sala por medio de un telegrama a la Sala para proteger el derecho de la libertad; sin embargo, hasta este momento, han pasado 92 días después y el máximo tribunal del país no ha dado una sola respuesta, aseveró el abogado.
El tratado de extradición del Reino de España y El Salvador establece que la solicitud de extradición se debe hacer 60 días después de la captura de una persona. Después del 5 de febrero, fecha en que fueron arrestados los cuatro militares, el Reino de España tenía 60 días para formalizar la solicitud de extradición y ya lo hizo, es el único término que en este caso se ha cumplido.
Entre tanto, añadió que el Tratado indica que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña debió haber resuelto de inmediato la solicitad, pero “ya llevamos dos meses y la Corte no ha resuelto absolutamente nada”.
Juan Orlando Zepeda, el hijo del general Zepeda manifestó que esta pesadilla no la sufren desde hace 92 días sino desde 1989, cuando empezó a ventilarse el proceso en varias instancias jurídicas. “Llámese Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, Corte Plena y ahora, ellos mismos están ignorando nuestro sistema judicial, las sentencias, la vigencia de la Ley de Amnistía”.
“Da pena que nuestras autoridades no sienten un precedente definitivo con respecto a la seguridad jurídica que ordena la Constitución “, explicó.
El hijo del general Zepeda dijo que la muerte de los jesuitas al igual que cualquier persona que murió en la guerra es reprochable.
Pero esta etapa del conflicto ya fue superada y lo que se busca es la reconciliación, además que respeten las leyes salvadoreñas, “qué tiene que ver España con esto, definitivamente nada, se respondió”, Zepeda.
“No están haciendo prevalecer los derechos constitucionales, sus sentencias y la seguridad jurídica de nuestros padres”, afirmó el joven.
En ese sentido, demandó de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que emitan un pronunciamiento por la forma en que se está manejando el tema y por la forma en que está siendo pisoteada la soberanía nacional.
Miguel Ángel Zepeda, también hijo del general Zepeda aseguró que este calvario mancha el honor y la dignidad de su familia desde 1989.
Agregó que desde el 2011 que comenzó nuevamente la persecución por los jesuitas su familia ha sido atacada de distintas formas, sus teléfonos intervenidos, sus casas asediadas y vigiladas constantemente, con el temor de ser allanadas en cualquier momento. Vivimos con un estrés profundo y rompimiento de relaciones comerciales.