Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA) , considera que con los batallones de las Fuerzas Especializadas de Reacción, anunciados el miércoles por el Gobierno, se pretende legitimar las ejecuciones que, según ella, ya están haciendo los miembros de la Policía Nacional Civil.
Aguilar criticó en la entrevista de canal 12 que el Ejecutivo esté recurriendo a la Fuerza Armada para combatir la criminalidad.
“Esto (el batallón especial) es como tratar de apagar el fuego con gasolina, va a generar una escalada mayor de violencia.? La fuerza letal es el último recurso que el Estado debe usar (para enfrentar la delincuencia)”, expresó la especialista.
A su juicio, el Gobierno ha vendido la idea de que con el trabajo de estos batallones militares se logrará detener a los delincuentes; sin embargo ella cree que estos grupos no funcionaron ni siquiera durante el conflicto armado que vivió el país en la década de los 80.
Aguilar cree que se ha desnaturalizado a la Policía, que es la institución a la que le corresponde hacer el trabajo de seguridad pública y en la cual se ha invertido mucho dinero para especializar a sus integrantes.
En el programa también fue entrevistado el analista Juan Ramón Medrano, quien opinó que la Policía debe hacer su trabajo “con la ley en la mano”.
Medrano espera que este batallón militar se haya hecho para golpear a las estructuras delictivas “con información de inteligencia fiscal”.
El miércoles anterior, se conoció que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado 12 casos donde policías o militares habrían tenido participación en la muerte de personas que estaban perfiladas como integrantes de pandillas o a quienes ellos creían que podían estar vinculadas con estos grupos delincuenciales.
El procurador David Morales aseguró que, la próxima semana, revelará detalles de dos casos en los que las autoridades habrían cometido ajusticiamientos.
Estos hechos habrían sido registrados en diferentes enfrentamientos entre policías y pandilleros, en los cuales los agentes, una vez que tenían sometidos a los delincuentes, violaron el protocolo y no los arrestaron sino que les habrían quitado la vida.
Aunque esos casos se habrían dado en 2015, el funcionario sostuvo que ya están abriendo expedientes de casos similares que habrían ocurrido este año.