El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, llegó ayer a la Asamblea Legislativa a pedir que autoricen la emisión de 152 millones de dólares en bonos para las medidas de seguridad, con lo cual buscan sumar más deuda a la que ya tiene el gobierno.
Desde 2009 a 2015, el Ejecutivo ha erogado 5,076 millones de dólares en nueve emisiones de títulos valores, según consta en los decretos legislativos publicados en el sitio de Internet de la Asamblea.
De acuerdo a los registros, el 22 de mayo de 2009 el Congreso le autorizó al gobierno emitir 167 millones de dólares en bonos para cancelar los Certificados Fiduciarios de Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana (Fosedu), de los cuales 183 millones de dólares fueron reestructuración.
También le avalaron otros 800 millones de dólares para convertir letes de corto plazo a largo plazo, así como 653.5 millones de dólares para el pago anticipado de eurobonos de 2011.
El 12 de noviembre de 2009, la Asamblea le autorizó al gobierno emitir otros 300 millones de dólares en bonos para financiar el Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS), que se trató de una reorientación para atender los estragos de la Tormenta Ida. También sirvieron para el financiamiento de programas sociales que fueron promesas de campaña electoral del expresidente Mauricio Funes, entre ellos, la pensión básica, la ampliación del programa de alimentación escolar, los uniformes y útiles escolares, y para la eliminación de las cuotas sociales que se cobraban en los hospitales, entre otros.
En esa misma fecha le aprobaron al Ejecutivo la emisión de 300 millones de dólares más para el PEIS que fueron distribuidos en las ramas de Educación, Salud, Agricultura y Obras Públicas.
Según los decretos legislativos, el 18 de octubre de 2012, el gobierno obtuvo otro aval de la Asamblea para emitir nuevamente 800 millones de dólares en bonos para cubrir la contingencia de redención anticipada (PUT) de eurobonos que vencen en 2023.
Y el 23 de abril de 2015, el Congreso aprobó la erogación de 900 millones de dólares en títulos valores, que quedaron bajo el concepto de “libre disponibilidad para el gobierno”, pero el uso de este dinero ha sido congelado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque cuestiona el mecanismo de votación con el que fueron aprobados en la Asamblea.
De esos fondos, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y otros funcionarios del gobierno han dicho que 100 millones de dólares se destinarán para seguridad pública (Ver recuadros).
Ese fue el mismo argumento de Ortiz ayer al pedir a la Asamblea que apruebe la emisión de 152 millones de dólares en bonos. Afirmó que servirán para financiar las medidas extraordinarias de seguridad, pero también que 37.1 millones de dólares serán para pagar las pensiones de los militares por 12 meses, mientras el gobierno encuentra otras medidas de solución. Exhortó a los diputados a avalar los fondos a la mayor brevedad posible.
Justificó que la recaudación del impuesto que se cobra a los usuarios de telefonía para la seguridad se ha quedado “corta”, pese a que Cáceres ha asegurado que han recogido más de $16 millones desde noviembre de 2014 que se implementó el tributo.
Ortiz añadió que hacer préstamos para la seguridad se llevaría más tiempo por lo que dura la negociación de la deuda y la erogación de los desembolsos por parte de los bancos internacionales.
Cabe mencionar que el gobierno también cuenta con $170 millones en préstamos aprobados por la Asamblea, cuyo destino son el fortalecimiento de los centros penitenciarios y la prevención de la violencia, pero de los cuales sólo han utilizado $2.6 millones hasta abril de este año, según cifras del sitio web del ministerio de Hacienda.
Además, el pasado 7 de abril de 2016, los diputados le autorizaron al Ejecutivo negociar otra deuda por $100 millones para un programa especial de seguridad ciudadana.
Tras la petición de Ortiz, la Presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, afirmó que no se pueden proyectar tener suficientes recursos para la seguridad sólo con “austeridad”, por lo que instó a los diputados de la Comisión de Hacienda y de Seguridad Pública a que formen un grupo de ambos comités para analizar con urgencia la solicitud del Ejecutivo y aprobarla la otra semana.
La emisión de bonos requiere del aval de 56 legisladores, porque se trata de una deuda soberana.
Al respecto, el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, reiteró ayer que si el gobierno no se compromete en crear los mecanismos de fiscalización de los fondos que recauden para seguridad, el partido tricolor no daría sus votos. Ortiz respondió que esa petición será tomada en cuenta.
Peña también dijo que analizarán lo que pide ARENA, siempre y cuando no transgreda facultades de la Fiscalía y Corte de Cuentas, entre otras.