Cuando hace dos años se inauguró el proyecto de agua en dos caseríos de San Pedro Nonualco, la joven presidenta de la Junta de Agua, Iris, relató como en un período de 13 años las comunidades se organizaron, su alcaldía gestionó, y junto al FISDL, con recursos del Fondo de Agua de España, logró finalmente concretar dicho proyecto. Iris, en sus declaraciones, expresó que “todos tendríamos que tener este derecho, pero que lamentablemente todavía hay comunidades que no cuentan con esto, y son igual que nosotros que teníamos que ir a buscar el agua a dos horas de nuestra casa…”.
Según la Encuesta de Hogares de 2014, solamente seis de cada 10 hogares rurales cuentan con tenencia de agua por cañería (aunque irregularmente), el resto se abastecen de chorro público, agua de pozo, ojo de agua, río o quebrada, camión, pipa y otros medios. Dicha encuesta arroja que únicamente el 15 por ciento de los hogares rurales tratan el agua que beben. Esto es grave considerando que casi el 90 por ciento de las aguas superficiales tienen algún grado de contaminación.
¡Hay “crisis del agua”! Ante ello el Gobierno está tomando una serie de medidas de emergencia (perforar pozos, surtir agua con pipas…) en algunas zonas del Área Metropolitana de San Salvador. Pero me pregunto ¿por qué la crisis ahora? ¿cuál es la diferencia hoy con hace 1 año, 15 o 25 años atrás? Esto no es una crisis coyuntural limitada a zonas urbanas, donde la gente se organiza mejor y reclama sus derechos. Esta es una crisis sistémica y se extiende al país entero. Hay familias que por generaciones no se les ha garantizado este derecho fundamental.
Cada día que pasa sin resolver el tema del agua para todos, es un fracaso de nuestra sociedad. La falta de vivienda digna y acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento –derechos no explícitos en nuestra Constitución– así como la falta de respuestas contundentes para garantizárselos a toda la población, son expresiones de incompetencia e incluso formas de violencia institucional. El guardar silencio como ciudadanos, nos vuelve cómplices.
La falta de acuerdo sobre la Ley de Aguas, varada desde hace cuatro años en la Asamblea Legislativa, constituye un claro ejemplo de quién termina pagando las consecuencias de la incapacidad política y de la falta de generosidad de los diferentes intereses sectoriales implicados: es la población más pobre y vulnerable. Está claro que la discusión en torno al agua toca puntos fundamentales para nuestro futuro social, económico y ambiental. Esperamos que nuestros políticos estén a la altura del desafío, más allá de la adopción de unas medidas de emergencia paliativas.
Si de verdad queremos salir de esta crisis estructural lo que necesita El Salvador es un Plan de Agua para Todos, que conjugue la visión de país, los recursos públicos, privados y de la cooperación internacional, y el compromiso político y social para cancelar definitivamente esta deuda pendiente con un sector de nuestros conciudadanos. Un Plan con unos plazos y resultados cuantificables y de ejecución transparente, sin olvidar la perspectiva regional esencial para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones para la gestión de los recursos hídricos, máxime cuando compartimos cuencas con Honduras y Guatemala.
El Salvador es uno de los 170 firmantes del Acuerdo de París sobre el cambio climático, fenómeno que ya se ha convertido en una amenaza en países como el nuestro. Este compromiso que hemos asumido es una oportunidad para retomar el tema de la gestión de los recursos naturales y del cambio climático de manera seria y contundente. Asimismo, es fundamental adoptar medidas para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, entre ellos el objetivo (6) de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y el saneamiento para todos”. Esperemos que este objetivo fundamental no se quede en “agua de borrajas” en el caso salvadoreño.
* Columnista de El Diario de Hoy
@cavalosb