Vicios de inconstitucionalidad, sindicatos que denuncian marginación en las discusiones, una evidente presión fiscal, confrontación entre los partidos políticos y la amenaza de demandas por la confiscación de los ahorros en cuentas privadas que se tienen en las AFP son el contexto de una reforma de pensiones que el FMLN espera pasar en la sesión plenaria de esta semana.
Todas esas diferencias, quejas y presiones se evidenciaron ayer durante el foro de pensiones que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa organizó, y que considera punto final para las discusiones de una propuesta, que apenas llegó a los escritorios de los diputados en febrero pasado.
Aunque diferentes organizaciones, sindicatos y tanques de pensamiento han elaborado sus propias propuestas de reforma de pensiones, las discusiones de ayer solo se centraron en el documento que presentó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que propone reabrir parcialmente un sistema de reparto, en el que el Gobierno administre casi el 60% de los ahorros de los salvadoreños que hoy están en cuentas individuales.
A juicio del diputado del PDC, Rodolfo Parker, la plataforma sobre la cual se está discutiendo el tema ya es tan confrontativa, y con una gran presión fiscal, que mejor sugiere “limpiar la mesa”, separar el tema fiscal que plantea el Gobierno y discutir con tranquilidad lo que tiene que ver con las pensiones en sí.
El titular de Hacienda, Carlos Cáceres, al igual que el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, y la presidenta de la Asamblea Legislativa y de la comisión de Hacienda, Lorena Peña, creen que el tema ya está los suficientemente discutido por todos los sectores y ven posible llevarlo esta semana a la sesión plenaria para su votación.
“En realidad yo no sé qué más podemos discutir? Las propuestas todas las conocemos”, dijo Lorenzana al salir del foro.
“Hace ratos (está agotado el tema). Esto es un complemento”, respondió por su parte Lorena Peña, quien dejó la alineación de votos para la plenaria.
Sin embargo, organizaciones como la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), la Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y diversos sindicatos aseguran que el tema necesita más discusión por varias razones: no hay estudios que respalden la reforma, se ha unido el tema fiscal con el tema previsional, deben revisarse los cambios a la luz de la Constitución de la República y porque hay sindicatos que ni siquiera han sido incluidos en la discusión, entre otras cosas.
“Este foro es un buen inicio, pero no puede considerarse que el tema esté agotado”, señaló René Novellino, presidente de Asafondos.
“Dicen que el tema ya se discutió y a nosotros los trabajadores no se nos tomó en cuenta”, señaló Roberto Gómez, miembro de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, que aglutina a unas 40 asociaciones laborales.
Paralelo a eso, está el rumor de que el FMLN ya tiene listos los votos para aprobarlos en la plenaria del próximo jueves. ARENA asegura que no dará sus votos, pero el FMLN logra los 43 votos necesarios si se une con el PCN y GANA.
Ayer era evidente que los diputados murmuraban entre ellos si sus compañeros ya estaban satisfechos por la reforma o preferían esperar.
La espada de Damocles
Lejos de la discusión del tema, también está el debate legal, que pende de un hilo sobre la cabeza de todos los diputados de la Asamblea Legislativa cual espada de Damocles.
El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, reiteró ayer que la reforma de pensiones tiene vicios de inconstitucionalidad que van desde la confiscación de los ahorros privados de cada cotizante hasta el número de votos que se necesitaría para aprobar esta reforma.
El abogado explicó que para que esta reforma no sea confiscatoria, el Estado tendría que indemnizar a cada trabajador con el dinero que le quitará de su cuenta individual, lo que lo llevaría a emitir nueva deuda, que a su vez, requeriría de 56 votos y no 43 en la Asamblea Legislativa. “Creo que existen aspectos que deben pensarse y diseñarse con gran cuidado tanto por el daño a la población cotizante actual, como eventualmente a los funcionarios autorizantes y ejecutores de las transferencias de fondos de un sistema al otro”, dijo Bertrand Galindo en sus conclusiones.
Por su parte, Asafondos en su presentación sacó a la luz conclusiones que hizo el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero en 2014, en donde explícitamente se dice que “cualquier sistema basado en el reparto probablemente presentará problemas financieros. El documento señala, incluso, que “la reversión a un sistema basado en el reparto implica la expropiación por parte del Estado de las cuentas individuales y que hasta el clima de inversión podría perjudicarse.
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