El Gobierno debe hacer un buen uso de los recursos contra la delincuencia, sin mezclar datos del costo económico que tiene la violencia y el dinero que está pidiendo para combatirla. Lo que hace falta es una mayor voluntad de actuar.
De esta manera reaccionó el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, a un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) que calculó en $4 mil millones el costo económico que tuvo la violencia durante el año 2014.
“Obviamente el costo de la inseguridad y del crimen es tremendo no solo para la economía. También para la calidad de vida de todos los salvadoreños. Es algo que nos afecta en nuestra productividad, tranquilidad, psiquis, capacidad de trabajar y vivir”, añadió Cardenal.
El informe se realizó en base a encuestas, cálculos de productividad y precios en el sector comercio y estudios regionales relacionados con la violencia, según informó una investigadora del BCR.
Sin embargo el informe no fue bien recibido por el presidente de la Comisión Nacionales de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), Ernesto Vilanova, quien receló de que la cifra se dé a conocer mientras el Gobierno pide más préstamos para las medidas de seguridad.
“El gobierno quiere justificar con cifras elevadas… buscando credibilidad y se les apruebe lo que están solicitando… Las cifras en nuestras encuestas en el 2014 no son astronómicas, aunque ciertamente ha habido daños por las extorsiones y robo”, expresó Vilanova.
Cardenal comprendió este tipo de reacciones pues recordó que el Gobierno, junto a los planes de seguridad, siempre pide más recursos a la Asamblea Legislativa. Además, a pesar de tener más ingresos por impuestos, los planes contra la delincuencia no han dado los resultados esperados hasta ahora.
“Si se está haciendo todo lo que se tiene que hacer, se está haciendo bien y nos demuestran que necesitan más recursos… ningún buen salvadoreño se opondría a sacrificarse para aportar más recursos, pero ese no ha sido el caso”, comentó Cardenal.
El recién nombrado presidente de la ANEP insistió que resolver el problema de la inseguridad no es un tema de recursos, sino de voluntad para actuar.
“¿Desde cuánto se dice que el 80 % de las extorsiones vienen de los centros penales? Desde hace siete años… y hasta ahora hacen esfuerzos por sacar los celulares de los centros penales… eso no costaba mucho dinero”, explicó.
Cardenal reconoció que el costo económico de la violencia es elevado, pero dijo que esto no debería ser motivo para dar el visto bueno a los miles de millones que el Gobierno pide en préstamos.
“No hay que confundir costos que tiene con las soluciones que se tiene que aplicar o con los recursos que se necesitan”, opinó.
El informe del BCR estimó que $28.7 millones en inversión privada no se ejecutaron en el país en 2014 por culpa del temor y la inseguridad. El empresario consideró que la cifra es incluso muy poca y que en este punto influyen otros factores.
La inversión baja “no solo por el problema de la inseguridad. Sino diría yo, principalmente, por el problema de desconfianza, incertidumbre e inseguridad jurídica… donde se trata al empresario y al inversionista como enemigo”, expresó Cardenal. El empresario hizo un llamado al Gobierno a mostrar una mayor voluntad y eficiencia en el combate a la inseguridad.
El costo de la violencia
El estudio organizado por la red de investigadores del BCR encontró que la violencia tuvo un costo económico de $4 mil millones en el año 2014, lo que equivale a un 16% del Producto Interno Bruto (PIB).
Dentro de esas cifras el mayor impacto negativo proviene de las extorsiones, asaltos a personas y robo a viviendas. Esto suma un pérdida de $1,303 millones para hogares y empresas.
Margarita Peñate, la investigadora encargada de presentar el estudio, aclaró que en el caso de las extorsiones no existe una cifra oficial, por lo que estimaron el dato a partir de encuestas con empresarios y transportistas.
Dentro del costo por extorsiones y robos también incluyeron el gasto en servicios de inseguridad privada, que llegó a $14.9 millones en el caso de los hogares y a $157 millones por parte de las empresas.
El segundo costo más importante es el de la productividad perdida, la cual fue calculada en $1,170 millones.
El dato fue estimado considerando que tanto los reos, como los miembros de pandillas, son personas en edad de trabajar pero que no se dedican a ninguna actividad productiva legal.
A eso añadieron el costo del trabajo perdido al obligar a las familias a migrar o incapacitar físicamente a las personas.
Otro de los puntos a tomar en cuenta es el gasto en salud, el cual sumó $767.8 millones. Esto incluye atención médica luego de agresiones, atención psicológica e incluso la producción perdida por los homicidios.
Además el BCR calculó el $584 millones el gasto institucional que se hace a través de ministerios, juzgados, policía y fiscalía para combatir la delincuencia.
La investigadora que presentó el informe recordó que en 2006 un estudio regional estimó en 10.8 % el costo del PIB que tenía la violencia en El Salvador, 10 % en Nicaragua, 9.6 % en Honduras, 7.7 % en Guatemala y 3.6 % en Costa Rica.
El presidente del BCR, Oscar Cabrera, destacó que con las nuevas cifras nuestro país aún sufre uno de los mayores costos.
“Estos $4 mil 26 millones… sería 16% del PIB. Es el más elevado de la región Centroamericana. Es un precio que sí constituye una restricción (económica)”, opinó.
En perspectiva
Desde un punto de vista macro económico, los $4 mil millones que le cuesta la violencia al país son una cifra grande, quizá muy difícil de comprender.
Para hacerse una idea vale la pena tener presente que la cifra es idéntica a los ingresos que el Gobierno recibe por impuestos en todo un año.
En 2015 el país recaudó $4 mil 118 millones.
El daño que crea la inseguridad también es igual a todo lo que las familias reciben en remesas familiares. En 2015, por ejemplo, este ingreso alcanzó un total de $4 mil 200 millones.
Por último, la cifra representa casi la mitad de los $10 mil 484 millones que los salvadoreños tienen ahorrado en el sistema bancario.