Trasparencia, pero sobre todo un papel más activo del Estado en el financiamiento de los partidos políticos, son dos aspectos que para el magistrado del Tribunal Electoral de México, Flavio Galván, son fundamentales para evitar que estas instituciones del régimen democrático del país sean corrompidas por otros intereses ajenos a la representatividad del electorado o del crimen organizado, según ejemplificó.
Esto, según el funcionario mexicano que fue invitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a un foro sobre el tema, también es un tema de derecho ciudadano a la información para mantener el principio de equidad entre los partidos políticos y no generar desigualdad de condiciones en los eventos electorales.
“Yo siempre he sostenido que en México, por el papel que juega el Estado en el financiamiento de las campañas, tenemos más claridad sobre el quehacer de los partidos políticos y que, sin duda, el derecho a la información es más importante que el secreto de los partidos con sus financistas”, analizó Galván.
Para ello, el funcionario mexicano recordó que este proceso requiere una ley de partidos políticos robusta y que existan sanciones contundentes contra los institutos políticos y sus dirigentes.
En el caso del país norteamericano, explicó que cuando existen violaciones a las normas sobre el financiamiento de los partidos políticos se emiten sanciones económicas de hasta $1 millón o pierden curules y cargos de representatividad obtenidos a través de las urnas.
Asimismo, en México las personas jurídicas (empresas) no pueden aportar a las campañas electorales para evitar, a mediano o largo plazo, pago de favores a través de contrataciones por parte de los funcionarios y sus partidos políticos, según ejemplificó.