Claridad en el marco legal, fiscalización permanente y fortaleza institucional son tres aspectos que Flavio Galván, magistrado del Tribunal Electoral del poder judicial de México considera claves al abordar el tema del financiamiento de los partidos políticos, donde incluso considera al Estado como un agente importante de aporte de recursos para que las campañas electorales sean equilibradas y participativas.
En esta entrevista, Galván además reconoce que por la misma desconfianza ciudadana en los partidos políticos es que estos crean “mecanismos de control”, como en el caso de México, donde incluso las personas jurídicas (empresas) no pueden donar dinero para campañas. Sin embargo, subraya que para ejercer control se debe de trabajar por años, en la materia.
En El Salvador, discutir sobre el financiamiento de los partidos políticos es un tema reciente en la agenda pública e institucional, ¿cómo se logró construir en México un acuerdo y madurar su regulación?
Todo partió de la insistencia y la demanda permanente de la ciudadanía, más allá de pensar en un primer momento en legislar. De todos es conocido que nosotros como país hemos tenido problemas de diferente índole con el narcotráfico y el crimen organizado y por ello se debía de pensar en cuidar el régimen de partidos políticos para evitar su corrupción. A partir de ahí se inició una amplia discusión y un proceso de reformas que aún continúa.
¿Qué papel debería jugar el Estado, representado en sus instituciones de carácter electoral?
A pesar de que hubo una prolongada discusión al respecto entre muchos actores de la sociedad, tenemos claro que el Estado debe de apoyar las campañas electorales para garantizar igualdad de condiciones, con recursos económicos y con espacio en radio y televisión para que se difundan las propuestas. Eso obliga a los partidos a rendir cuentas de forma permanente porque hay fondos públicos de por medio y el control social se vuelve inevitable para la dirigencia de todos los institutos políticos.
Por ello, ¿hay resistencia de los partidos al respecto?
Se ha cambiado la cultura de hermetismo de hace varios años pero los partidos entienden que, debido a la desconfianza que muchos sectores de la sociedad tienen sobre ellos, deben de dar muestras de apertura para no perder simpatías y militantes. Es por eso que se han puesto de acuerdo para emitir legislaciones al respecto y dar saltos en la materia como sociedad.
Parte de eso es la prohibición de que las empresas financien a los partidos políticos…
Si, está relacionado. Dejar de lado a las grandes empresas del quehacer de los partidos políticos limpia una parte de la mesa porque a corto plazo elimina posibles compromisos con los financistas, pero a largo plazo favorece el combate contra la corrupción porque impide que un político dé contratos a empresas y personas que le llevaron al poder, lo cual favorece una política de transparencia y rendición de cuentas.
Esto último, ¿lo hacen los partidos en México?
Sí, ha costado pero hoy tenemos claro que toda nuestra actuación debe de ir sometida al escrutinio público, incluyendo a los mismos partidos políticos. La transparencia cierra este proceso y se controla con sanciones fuertes donde hasta se castiga con pérdida de curules y pagos millonarios al Estado.
En El Salvador hay una Ley de Partidos Políticos que ve una parte de esto. Sin embargo, solo obliga a los partidos a presentar balances y de forma muy general a informar sobre en que se invirtió en una campaña, ¿es suficiente?
No conozco mucho de esa legislación pero si le aporta a la institucionalidad salvadoreña es un buen inicio. Se deben de poner límites, por ejemplo, a los donantes, pero también frenar los gastos de los partidos y sobre todo informar en qué invierten el dinero sin que esto revele una parte de su estrategia electoral. Lo que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador debe de retomar de nuestro caso son algunos principios de nuestra legislación, pero cada país debe evaluar este tema según sus prioridades y necesidades.