La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó la semana pasada a la Fiscalía General de la República la lista de abogados salvadoreños que investiga en el marco del caso “Panama Papers”, informó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González.
El funcionario indicó que en Corte Plena se tomó la decisión de abrirle expediente administrativo e informativo a aquellos involucrados en algún ilícito.
Además, los abogados podrían ser suspendidos por cinco años o inhabilitados para siempre de sus cargos, dependiendo de las irregularidades encontradas.
Aclaró que el hecho de abrir una empresa “offshore” no es un delito, sino los actos delictivos que podrían cometerse relacionados a esta, y son la Fiscalía y los jueces penales los que determinarán la responsabilidad penal de los investigados, luego del proceso indagatorio.
El caso Panama Papers salió a la luz a inicio de abril por un reportaje publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), luego que fueran infiltrados documentos relacionados con las cuentas y empresas de líderes y figuras de todo el mundo, creadas en el despacho panameño Mossack Fonseca.
En este caso podrían estar implicados unos 30 salvadoreños.
A principios de abril la Fiscalía allanó las oficinas de Mossack Fonseca en San Salvador e incautó equipos informáticos.
Corte tiene que resolver extradición de militares
En otro tema, el jueves, después de más de 90 días de las capturas, cuatro de los militares vinculados al asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos empleadas fueron notificados formalmente sobre la extradición solicitada desde España, en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
El magistrado González explicó que será ese tribunal el responsable de tramitar y emitir a la Corte los documentos con los alegatos presentados por las partes del caso en la audiencia. Luego, el máximo tribunal resolverá si procede o no la extradición.
González manifestó que este tema no está “suficientemente desarrollado” en el Código Procesal Penal.
“Si bien, el tratado (de extradición) con España es bastante detallado, no llega a nivel de precisión de regular el procedimiento”, acotó.
Detalló que el Jefe de la Unidad Internacional de la CSJ que tramita los procedimientos de extradición señaló este año que aunque no hay un plazo legal para una resolución de estos casos, pueden resolverse en tres meses, pero por ser un caso complejo, dijo González, podría tardarse más de ese tiempo.