Los $152 millones que el gobierno quiere que la Asamblea le apruebe para financiar las medidas de seguridad, ha provocado distintas reacciones entre los diputados, especialmente porque se busca financiar medidas para las cuales ya hay presupuesto, porque no hay un detalle del gasto y porque no habría un control de ese dinero.
Otro detalle que saltó a la luz ayer es que el dictamen fue elaborado con prisa y discutida en una reunión convocada de urgencia el día de la plenaria por la presidenta del Congreso, Lorena Peña.
Al final, el dictamen no obtuvo las firmas para su discusión en el pleno y fue enviado a esa misma comisión para su respectivo análisis el lunes.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, dijo que la idea no era aprobar la emisión de los bonos anteayer, sino escuchar primero a los ministros de Hacienda y de Seguridad para tener un panorama más amplio del financiamiento.
“Dijeron que podían llegar lunes o martes (de la próxima semana) a explicarnos a las dos comisiones (de Hacienda y Seguridad) el desglose de como se van a invertir”, dijo.
Ante esa situación, la aprobación de los bonos tendrá que esperar, al igual que las reformas a las pensiones, las cuales fueron frenadas por toda la oposición política.
Pero al FMLN le urgen la emisión de los bonos, , tanto que la jefa de bancada del FMLN, Norma Guevara, hizo hincapié en que el gobierno tiene una situación fiscal complicada, y que a corto plazo al Estado le será difícil pagar las pensiones.
Pero es la falta de regulación de esos dineros que se le aprueban al gobierno para seguridad es que el principal partido de oposición cuestiona. Un ejemplo ha sido la aprobación en octubre de 2015 del impuesto del 5 % a los usuarios de telefonía.
En ese entonces, el compromiso del gobierno fue que cada tres meses darían un informe de cómo se iría ejecutando los fondos, sin embargo, Peña admitió ayer que no han presentado ningún reporte, porque la vigencia del impuesto a los usuarios de telefonía inició tarde. (Ver nota aparte).
De ese nuevo tributo y según declaraciones dadas por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, hasta abril han recaudado cerca de $16 millones, pero ARENA reclama que no existe un detalle del gasto.
Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, defendió el uso que el gobierno le ha dado a esos $16 millones, al decir que el Gabinete de Seguridad les ha informado que la mayor parte se ha ido en el pago de bonos para los policías y para los soldados que colaboran en las tareas de seguridad.
De acuerdo a Rodríguez, hace unos días los secretarios generales de los partidos tuvieron una reunión con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, y este les externó que ocuparán parte de los $152 millones pretendidos para pagarle a los 1,000 reservistas que serán llamados a apoyar a la Policía y al Ejército como parte de las medidas extremas de seguridad.
Dijo que también se incluyen en ese gasto la adecuación de las instalaciones de los centros penales para realizar la nueva modalidad de videoconferencias que realiza el sistema judicial para evitar que los reos salgan de la cárcel cuando tienen audiencias.
Además hablan del pago extra para la alimentación de los policías y de miembros del Ejército que ahora ejecutan tareas de seguridad alrededor de las escuelas y en las prisiones, entre otros gastos.
Guillermo Gallegos, de GANA, dijo que “se van a contratar 1,000 reservistas y no está contemplado, se puede contemplar un tiempo de comida, pero aquí hablamos de turnos permanentes y constantes, hay que darles tres tiempos de comida”, defendió.
También coincide en que el dinero que se ha recaudado del impuesto a las telefónicas ha servido para el bono trimestral que recibirán los policías y para un Megatec que el gobierno dice que construirá en Apopa, San Salvador.
ARENA pide austeridad
Precisamente ese destino del dinero el que ARENA critica. El diputado Mauricio Ernesto Vargas denunció que el gobierno está tomando dinero que dice ser para medidas “extraordinarias” en un gasto que es “ordinario”.
Además, exige eficiencia, austeridad y transparencia en su ejecución, para garantizar que los proyectos sean “exitosos”, así como “sinceridad” de parte del gobierno de cuáles son las medidas extraordinarias que se financiarán, cuáles están en ejecución y cómo está la situación financiera de cada uno de los planes.
“Vemos con preocupación que buena parte de esos recursos están destinados para actividades normales, y no extraordinarias, ya que si ya están en función, si ya se están desarrollando no deben ser consideradas como extraordinarias”, alegó.
Puso como ejemplo la alimentación de los reos, la compra de brazaletes electrónicos para excarcelar a unos 6,300 prisioneros que están en fase de confianza, esto como parte del descongestionamiento de los centros penitenciarios, medidas que ya habían sido “empeñadas” desde antes.
Para poner en marcha ese tipo de mecanismos y combatir a la delincuencia, el Estado ya contaba desde 2013 con $170 millones en préstamos, pero su ejecución ha sido lenta, según lo revelan los datos que Hacienda ha publicado en su sitio de Internet.
Ante esto, es que Vargas insistió en la creación de una entidad autónoma integrada por el gobierno, empresa privada y organismos internacionales que fiscalicen cómo se utiliza el dinero.
De toda esa deuda que se adquirió para el fortalecimiento del sistema penitenciario, para programas de apoyo a la estrategia de seguridad, para la construcción y equipamiento del edificio de la Fiscalía y para edificar espacios seguros de convivencia para jóvenes, el gobierno sólo ha podido invertir $2.6 millones, según información que Hacienda refleja hasta abril de 2016.
Ante eso, ARENA ha venido recalcando desde el año pasado, cuando la Asamblea se disponía a aprobar el nuevo impuesto a los servicios de telefonía, que no era necesario “castigar” a la población con otro tributo, ya que desde 2009 el gobierno ha implementado 20 impuestos.
Además cuestiona que los dos gobiernos del FMLN son los que más dinero han obtenido en impuestos. Según Hacienda, la recaudación creció en $23,799 millones en los últimos seis años, y que pese a ello, el déficit fiscal es alto.
Rodríguez y Gallegos manifestaron que han solicitado a Ortiz un informe de cómo se están usando los fondos provenientes del impuesto a los servicios de telefonía.
La polémica alrededor de esta iniciativa está servida. El jueves en la plenaria, la propuesta tricolor de fiscalizar el uso de esos bonos provocó un fuerte enfrentamiento entre la diputada Peña y Alberto Romero, legislador de ARENA.