Las 55 cortes de inmigración de Estados Unidos han emitido 10 mil 142 órdenes de deportación para menores centroamericanos que llegaron sin la compañía de un adulto al país desde 2014 por la frontera con México.
Datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) a los que tuvo acceso Efe indican que, entre el 24 de julio de 2014 y el 26 de enero de 2016, 8 mil 912 de las sentencias de repatriación para los menores de El Salvador, Honduras, y Guatemala fueron dictados en ausencia.
Y vista la actuación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) desde inicios del año, su objetivo es ir cumpliendo con esas órdenes más pronto que tarde y así mandar un mensaje a los países centroamericanos sobre cuál será el destino de quienes entren ilegalmente al país.
“Desde hace un mes, cuando comenzaron las capturas en las calles, los barrios hispanos han vivido una situación de angustia y terror”, dijo Byron Martínez de la organización de derechos civiles Unidos We Stand. En la última semana de enero, agentes de ICE empezaron a arrestar a indocumentados con un perfil muy preciso, jóvenes centroamericanos que llegaron siendo menores de edad pero que ahora tienen más de 18 años, aseguran los activistas.
“Indudablemente, ICE está esperando que cumplan la mayoría de edad para detenerlos, ese es el patrón de cada uno de los jóvenes que han capturado en Charlotte”, señaló Ana Miriam Carpio de la Unión Salvadoreña (UNISAL), quien ha estado ayudando a las familias afectadas por las aprehensiones.
“Nuestro estado ha sido una especie de laboratorio del trato que le darán los agentes federales de inmigración en otros estados a los jóvenes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que llegaron no acompañados”, dijo Martínez.
José Hernández París, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana de Charlotte, comentó que en una reunión con ICE en la que se les pidió que no arrestaran a jóvenes en las paradas de los autobuses escolares o rumbo a las escuelas, los oficiales se referían a los jóvenes siempre como “adultos” y evitaron en todo momento la palabra “estudiantes”.
“Esta ciudad no debe tolerar estrategias que ponen en peligro a los menores y aíslan a comunidades enteras que se han convertido en parte integral de esta ciudad”, manifestó Hernández París, al afirmar que entre 15 y 20 estudiantes de una escuela secundaria de Charlotte están en la mira para ser deportados por ICE.
Viridiana Martínez, de la organización Alerta Migratoria NC, con sede en Durham, que ha creado una página de Facebook y ha instalado una línea telefónica de emergencia “para ayudar a los detenidos y denunciar las acciones de ICE”, culpa a la Casa Blanca de las capturas y de crear un estado de tensión en el estado.
“Estas son órdenes directas del Presidente (Barack) Obama para el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y de este para ICE”, opinó.
“El mensaje es para la gente de los países centroamericanos, para que no se vengan para Estados Unidos y dar un ejemplo de la suerte que les espera aquí”, dijo.
Defiende atribuciones
La Cámara Baja votará en las próximas semanas si interpone ante la Corte Suprema un documento en contra de la acción ejecutiva anunciada en 2014 por el presidente Barack Obama para proteger de la deportación a cinco millones de inmigrantes no autorizados, se informó el martes.
El presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, calificó la votación como “extraordinaria” porque no tiene precedentes y la justificó alegando que “esta amnistía ejecutiva es un ataque directo a los poderes que la Constitución otorga al Congreso”.
“El presidente no tiene permitido escribir leyes. Solamente el Congreso. La Cámara dejará eso muy, muy claro, y lo haremos como institución a nombre del pueblo estadounidense”, agregó Ryan al conversar con reporteros tras una reunión que el liderazgo republicano sostuvo a puertas cerradas.
En diciembre, 218 congresistas demócratas comunicaron a la Corte Suprema que consideran que Obama sí tiene la autoridad para proteger de la deportación a cinco millones de inmigrantes no autorizados a través de acciones ejecutivas.
El gobierno de Obama pidió en noviembre a la Corte Suprema que revise el fallo emitido en octubre por un tribunal de circuito, el cual impidió la implementación de la medida presidencial anunciada en noviembre de 2014.
Los beneficios migratorios, que incluyen un permiso de trabajo, no han podido ser implementados desde que un grupo de 26 gobernadores republicanos encabezados por Texas interpusieron una demanda alegando que Obama había abusado de su autoridad presidencial.