Así como los diputados tardaron más de un año en decidir qué porcentaje de rentabilidad ponerle a los Certificados de Inversión Previsional (CIP), para que los ahorros de los trabajadores ganen más para recibir una pensión digna, así también se han retrasado en enviar el decreto legislativo aprobado la semana pasada a Casa Presidencial.
Este periódico consultó a varios diputados de la Directiva y la respuesta de algunos fue que no sabían nada del documento y, la de otros, que el decreto aún no reúne las firmas suficientes para remitirlo a la revisión jurídica del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Se supo que el dictamen apenas cuenta con siete firmas de los 14 diputados directivos y no es porque no lo quieran rubricar, sino porque en algunos casos el documento no ha llegado a las oficinas de los legisladores o porque estos han estado ausentes.
Lo cierto es que desde diciembre de 2014, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó a la Asamblea buscar una tasa de rentabilidad acorde al mercado internacional, una que el Estado pueda pagar y que a la vez mejore las ganancias de las cotizaciones que los trabajadores depositan en las AFP para pensionarse; los diputados le dieron largas a esa discusión.
Fue después de varios intentos y de propuestas que hicieron el PDC y el PCN de reformar la ley del Fideicomiso Previsional de manera escalonada que la Asamblea por fin logró un acuerdo de subir el porcentaje partiendo de un 3.5% en febrero de este año hasta culminar con un 3.9 % en enero de 2019, hasta un máximo de 5.5% si es que el Estado estuviera en la capacidad de pagarlo.
Lo anterior se logró aún cuando el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, insistió en que el gobierno no tenía la capacidad de pagar más del 3.4% y hasta un máximo del 4%. Esta posición ha sido criticada por los sindicatos de trabajadores y pensionados que no ven en ese monto ningún beneficio ni tampoco en lo que fue avalado por la Asamblea en días pasados.
A la fecha, ya hay varios avisos de organizaciones de pensionados que sólo esperan que el decreto entre en vigencia para interponer en la Sala de lo Constitucional recursos para detener lo aprobado por los diputados.
Por esta razón, llama la atención de que los diputados aún sabiendo de que tenían un retraso de más de un año para acatar el fallo, y aunado a eso que la Sala de lo Constitucional les dio un plazo fatal que vencía hoy 4 de marzo; el decreto que es de urgencia para los trabajadores siga engavetado en alguna de las oficinas de los diputados de la directiva y no haya llegado a la Presidencia.
La urgencia por aprobarlo la semana pasada no es similar con la prisa que deberían tener de enviarlo al Ejecutivo, puesto que el Secretario Jurídico de la Presidencia tiene que analizarlo y si encuentra observaciones lo veta enviándolo de regreso al Congreso. Pero si Sánchez Cerén lo sanciona el decreto es remitido directamente desde Casa Presidencial al Diario Oficial para su publicación y 8 días después entraría en vigencia.