La reforma de pensiones, por sí misma, no asegura que más personas podrán acceder a una pensión. Aunque permite que trabajadores independientes, agrícolas, domésticos y residentes en el extranjero se afilien, deja para un futuro e incierto reglamento definir la manera en que lo harán.
Los artículos 10 y 11 de la reforma abren el camino para que personas sin relación laboral (independientes o informales), trabajadores agrícolas, domésticos y salvadoreños en el extranjero se afilien al sistema previsional.
Sin embargo, esta facilidad queda en espera porque ambos artículos añaden frases como “un reglamento facilitará la aplicación del presente artículo” y “para su afiliación se dictará un reglamento especial”.
La reforma además añade un requisito que pocas personas fuera del empleo formal podrán cumplir. El artículo 16 señala que el salario con el que cotice un trabajador independiente “en ningún caso será inferior al salario mínimo mensual vigente del sector comercio y servicios”.
En resumen, el propietario de un negocio informal puede entrar al sistema mixto de pensiones, pero debe esperar a que esté listo el reglamento para su afiliación y, luego, debe demostrar que sus ingresos promedio son de $252 mensuales.
Ante esta situación ya se han pronunciado algunos sindicatos. El presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Ricardo Soriano, dijo que “son experimentos tristes, sin lógica, únicamente por hacer propaganda… que el gobierno piensa en ellos (trabajadores informales”.
Para Soriano, la propuesta no toma en cuenta la realidad, que si bien un comerciante puede tener esos ingresos, hay vendedores de subsistencia que no tienen esa capacidad. “Ellos todo creen que es pisto”, dijo en crítica al Gobierno.
Por su parte, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram), Rolando Castro, consideró que el mismo requisito de la reforma excluye a los trabajadores a quienes pretende incluir.
“Dicen que hay que ingresar otros sectores… pero están poniendo el mismo requisito, que solo lo cumple el 24 % de las personas económicamente activas. El resto de la gente no tiene el salario mínimo”, respondió Castro.
Además el abogado de Comtradefop, Enrique Anaya, consideró que el reglamento para afiliar a estos trabajadores es una promesa vacía. “ Lo pongo en la ley pero para ejecutarlo debo tener un reglamento, pero luego no lo hago y, por lo tanto, esta promesa ya no se cumple”, explicó.
En varias ocasiones el tanque de pensamiento, Fundaungo, ha señalado que problemas en el mercado laboral dejan fuera del sistema de pensiones a muchos trabajadores y a otros les reduce la cantidad de dinero que pueden ahorrar.
En un libro sobre los desafíos del sistema de pensiones en cuanto a cobertura Fundaungo señaló que “los grandes desafíos de cobertura del sistema de pensiones salvadoreño no se resolverán con reformas paramétricas y puntuales… superar estos desafíos requiere cambios profundos en la manera de concebir el sistema previsional.. en las dinámicas de funcionamiento de los mercados laborales”.
Es decir, aumentar la cobertura del sistema previsional requiere de cambios en leyes sobre pensiones y también sobre el trabajo en El Salvador.
Por contraparte, varios tanques de pensamiento y sindicatos han criticado que la reforma no es complementada con modificaciones a normativas laborales, salariales o de seguridad social.
Nuevo estudio del BID
Malestar es lo que generó a los representantes sindicales el conocer que el Gobierno pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un segundo estudio actuarial sobre pensiones.
“Ahí se está demostrando… Este gobierno ha tenido solo en creación de nuevo impuestos $2,470 millones en los últimos nueve años. La plata se la están gastando en la contratación de 40 mil nuevos empleos con fines políticos, grandes salarios a consultorías nacionales e internacionales, pagos de celulares de ministros… solo gastos exorbitantes que nada tienen que ver con la eficiencia de los servicios públicos”, respondió el presidente de Astram.
“Ni siquiera están seguros de lo que están presentando. Si están pidiendo financiamiento para hacer un estudio para la reforma del sistema de pensiones, eso significa que la propuesta no esta cerrada”, expresó por su parte el abogado de Comtradefop, Enrique Anaya.
Él además recordó que aunque se conoce la propuesta de reforma al sistema de pensiones, el Gobierno no ha hecho públicos los estudios que sustentan si el sistema mixto es viable en el tiempo.
Comtradefop ya solicitó a Casa Presidencial, usando la Ley de Acceso a la Información Pública, una copia de estos estudios. La petición fue presentada el 26 de febrero y debe ser respondida en 10 días hábiles, explicó Anaya.
El Gobierno ya pidió un estudio al BID por un valor de $200 mil, cuyos resultados no se han presentado a la opinión pública. El nuevo que han solicitado, ya con la reforma en la Asamblea Legislativa, tendrá un costo de $350 mil. Entre ambos, el costo por cálculos ya supera el medio millón de dólares.
Lucha por rentabilidad
Asimismo, Comtradefop y Astram anunciaron que continuarán las acciones para mejorar la tasa de interés que el Gobierno paga por los ahorros de pensiones. Ambos sindicatos están inconformes con la tasa aprobada por la Asamblea Legislativa la semana pasada.
Rolando Castro, de Astram, dijo que presentarán una demanda contra lo que consideran una “rentabilidad pírrica”. Adelantó que los abogados del sindicato ya tienen listo el documento que presentarán ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por su parte, el abogado de Comtradefop dijo que también presentarán un escrito ante la Sala el lunes. Enrique Anaya explicó que los magistrados le dieron un ultimátum de 15 días a la Asamblea para mejorar el interés que se paga a los trabajadores. Ese período vence hoy viernes.
Tomando eso en cuenta Comtradefop pedirá a la CSJ que dé por no cumplida la orden y libere a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de la obligación de prestar el dinero de los trabajadores al Gobierno.
Según Anaya, la nueva tasa de interés solo beneficiará a los nuevos Certificados de Inversión Previsional (CIP) que emita el Gobierno y no a los $4,800 millones que ya se prestaron en años anteriores.
Así, aunque el decreto establece tasas entre 3.5 % y 3.9 % hasta 2019, en promedio todos los ahorros de los trabajadores invertidos en CIP solo estarían ganando 1.5 % anual como máximo.
Esta situación no favorece la pensión futura de los trabajadores, según Comtradefop.
Los dos sindicatos también anunciaron que preparan acciones legales y de protesta en caso de que la reforma de pensiones se apruebe, pues la consideran excluyente, inconsulta y que no resuelve los problemas de los trabajadores.
El temor es que, según han escuchado, el Gobierno intente forzar una aprobación acelerada en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa antes de las vacaciones de Semana Santa.
Mientras Astram ya hizo protestas en lugares públicos, como catedral metropolitana, Comtradefop ya está en consultas con sus bases para coordinar acciones en las calles contra la propuesta del sistema mixto de pensiones.