El Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) acudió nuevamente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para exigirle a los magistrados que suspendan la obligación que tienen las AFP de prestarle dinero de los ahorros de los trabajadores al Gobierno, para el pago de las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.
De acuerdo con el representante del Comité, Enrique Anaya, aunque la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada una tasa de interés inicial y gradual de 3.5% por prestar dinero a los trabajadores, ésta no cumple con lo que dispuso la Sala en diciembre de 2014 cuando pidió una rentabilidad de mercado, que rondaría el 6 o 7%.
“La Asamblea Legislativa ha incumplido con la sentencia, así que le pedimos a la Sala que haga efectiva la advertencia que hizo de que no le permitiría al Gobierno prestar dinero de las AFP”, dijo.
La última resolución de la Sala le dio un ultimátum a los diputados para que eligieran una tasa de interés que beneficiara a los trabajadores, pues de lo contrario, impediría que se siguiera tomando dinero prestado para pagar las pensiones.
La ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales de 2006 obligó a las AFP a prestarle el 30% de sus fondos al Gobierno para que éste pueda pagarle la pensión a los jubilados del ISSS y el INPEP. La cifra subió al 45% en 2012. Por ese dinero el Gobierno apenas ha pagado tasas de interés de apenas 1.4% y más recientemente, al 3% en las emisiones de deuda del año pasado.
La semana pasada los diputados decidieron elevar esa tasa al 3.5% hasta llegar al 3.9% en 2019. Esta rentabilidad solo aplicaría para las futuras emisiones de deuda y no para las que se han hecho en años anteriores.
A juicio de Anaya, los diputados tomaron una decisión que no tiene fundamento técnico y que no beneficia a los trabajadores pues asegura que el Gobierno prefiere pagarle tasas elevadas a organismos internacionales o inversionistas y no una tasa adecuada a los trabajadores.
Desde 2006 hasta la fecha el Gobierno ha tomado prestado más de $4,000 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) por los que ha pagado bajas tasas de interés.
Piden análisis técnico
El representante de Bases Magisteriales, Paz Zetino, también dijo ayer que solicitará al Gobierno que retire la propuesta de reforma de pensiones que está en la Asamblea Legislativa y les solicitará que cree un ente autónomo que vea la reforma desde un punto de vista técnico.
En lo mismo coincidió el presidente de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram), Rolando Castro, quien pidió al gobierno que cree un entre tripartito con representantes de los trabajadores, sector empresarial y Gobierno.
Castro dijo que este consejo no debe participar solo en la elaboración de la reforma de pensiones, sino mantenerse como un nuevo ente regulador en el sistema. De esta manera se asegurará que los trabajadores tengan la llave en las grandes decisiones respecto a sus propios ahorros e inversiones.
El líder sindical apoyó la petición para que se retire la propuesta de reforma de pensiones de la Asamblea. El presidente de Astram dijo que lo principal en este momento es neutralizar un proyecto que calificó como nefasto.
“Este documento lo veo, primero, malintencionado porque lleva un montón de trampas. Segundo, lo veo producto de hacerlo a la ligera… Le aseguro que hay cosas que el presidente y el mismo ministro las desconocen de este documento”, expresó.
Astram exige tres puntos a la Asamblea Legislativa: que el debate sobre la reforma de pensiones incluya a los trabajadores, pues a ellos les pertenecen los ahorros y que se discuta el tema durante al menos seis meses.
La tercera petición es que la elaboración de la reforma incluya también análisis y propuestas de la academia, tanques de pensamiento, empresas y trabajadores, además de el Gobierno.
Castro consideró que para arreglar las finanzas públicas y dar sostenibilidad al sistema de pensiones se tienen que tomar otras medidas. Entre ellas citó reducir los gastos corrientes del Estado.