La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) lamentó que el Gobierno intente justificar su fracaso en el manejo de la seguridad. Además consideró una incapacidad que se pretenda penalizar el pago de extorsión que hacen las personas afectadas por las pandillas.
“La Constancia es una empresa sólida, con un mercado pujante… por una incapacidad del Gobierno de brindar seguridad a la población es que esa empresa esta cerrando”, explicó el presidente de la gremial, Javier Simán.
El industrial consideró irresponsables las declaraciones del presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, y el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, tras conocerse el cierre de Agua Cristal, una división de Industrias La Constancia (ILC).
Reyes consideró “normal” que las empresas cierren. Lorenzana, por su parte, lamentó que existan empresas que no pagan impuestos pero sí extorsiones.
El secretario técnico añadió que debería considerarse delito pagar extorsiones pues con ello se financia a las pandillas.
Javier Simán consideró que “pretender penalizar el pago de extorsiones es cerrar los ojos ante un problema muy serio y muestra incapacidad de enfrentar ese problema”. Para él, las familias y empresas ya deben elegir entre la vida o el pago de extorsión.
“El Gobierno en lugar de dar seguridad está amenazando con penalizar el pago de extorsiones. La población está en una posición muy difícil… Las empresas están siendo extorsionadas por las maras y el Gobierno”, expresó el presidente de la ASI.
Por otro lado, Simán consideró que no debe haber pánico sobre una posible escasez de agua envasada en tiendas y supermercados. Recordó que existen otras empresas que con sus marcas pueden cubrir la demanda, aunque haya poco producto los primeros días.
“Esperemos que el Gobierno pueda proveer la seguridad adecuada a las empresas para que puedan seguir distribuyendo”, añadió.
Tras anunciar el cierre de Agua Cristal, ILC ha declinado brindar más información al respecto. Se desconoce si la petición de brindar seguridad en la zona del Reloj de Flores y el mercado La Tiendona ha sido atendida.
La ASI hizo un llamado para que el Gobierno se enfoque en proveer seguridad a la población en lugar de buscar justificaciones a los problemas causados por la delincuencia.
Estado de emergencia
El presidente de la ASI dijo que es muy pronto para opinar sobre el Estado de Emergencia que pretende declarar el Gobierno. Sin embargo dijo que este no debe aplicarse en todo el país.
“Implica limitar los derechos a los ciudadanos, derecho a libre expresión, asociación… De ninguna manera debe ser generalizada a todo el país… no está justificado”, comentó.
Según Javier Simán, el Gobierno debe ser claro sobre los objetivos que pretende y las acciones que va a desarrollar con la Emergencia. “Con solo declarar estado de emergencia no va a resolver el problema… tiene que ir acompañado de otras medidas”, concluyó.