Los gremios de médicos, veterinarios y odontólogos se unieron ayer para expresar su rechazo al cobro iniciado por el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) a todos los profesionales que tengan consultorios o clínicas.
La entidad ha establecido un proceso de regulación para autorizar el funcionamiento legal de alrededor de 5 mil consultorios a escala nacional.
Aunque los profesionales dijeron que no estaban en contra de que se supervise a las clínicas o consultorios, afirmaron que el cobro que está realizando el CSSP es ilegal y arbitrario.
Además, señalaron que dentro del proceso el CSSP ha impuesto una serie de Requisitos Técnicos Administrativos (RTA) que ya están desfasados o no son prácticos.
“La elaboración de los requisitos técnicos administrativos para médicos, odontólogos y médicos veterinarios, no fue consensuado entre los gremios afectados y no están acordes con la realidad del país”, expuso el presidente del Colegio Médico, Juan Antonio Tobar.
Karla Rubio, del Gremio Odontológico Unido, dijo que entre esos requisitos el CSSP exige a los médicos que sus consultorios cuenten con instrumentos o equipos que no son necesarios para todos, no los usan o ya están desfasados.
“Nos ha exigido varias cosas que en muchas ocasiones no necesitamos y no ocupamos, pero para llenar una lista de requisitos que ellos han puesto nosotros tenemos que incurrir en muchos más gastos”, dijo Rubio.
En el caso de los odontólogos, las tenazas o fórceps que usan para hacer las extracciones de dientes son escogidas de acuerdo al tamaño de la mano o habilidad del médico.
Aunque hay más de 200 tipos de fórceps, solo tienen los que más utilizan, pero el CSSP les ha puesto una lista de los que deben tener.
“En lugar de un número 222 uso un 24, para qué voy a comprar un 222, pero ellos lo están pidiendo”, cuestionó Rubio.
La especialista dijo que, además del cobro que están realizando, los requisitos que deben cumplir incrementarán los costos a nivel de funcionamiento de las clínicas.
“Solo por tener cosas que ellos dicen que quieren que tengamos cuando no son necesarios”, opinó Rubio.
En la lista de RTA de las clínicas veterinarias, se establece dos criterios a evaluar, críticos y mayores.
Por ejemplo, como criterio mayor se establece que debe haber recepcionista y como requerimiento crítico que exista un área de recepción.
“Pero la mayoría comenzamos en pequeños consultorios, haciendo todo el trabajo por nosotros mismos”, dijo la veterinaria Claudia Silva.
Para Silva pareciera que basaron los requerimientos en hospitales, no en pequeños consultorios.
“Cada consultorio tendría que invertir de $25 mil a $30 mil para poder adecuarse a lo que el Consejo está pidiendo”, estimó Daniel Menéndez, del Movimiento de Veterinarios por El Salvador.
Rubio añadió que si no logran cumplir con los requisitos no recibirán la autorización para ejercer.
Rechazo al cobro
El presidente del CSSP, Pedro Rosalío Escobar, se presentó ayer ante la comisión de la Salud de la Asamblea Legislativa para exponer sobre el cobro realizado a los consultorios.
La entidad ha indicado que la base legal del cobro está en el decreto legislativo 373, que está vigente desde 1992.
Según el decreto, los profesionales deben pagar $114.29 para el inicio del proceso de autorización; $57.13 para el otorgamiento de autorización y registro; y $17.14 de anualidad para mantener vigente la autorización.
Los primeros dos cobros son pagos únicos y el tercero deben realizarlo todos los años.
Los representantes de las gremiales dijeron que era inaudito que se les estuviera cobrando el ejercer su profesión y que ya pagan una serie de impuestos.
Por ello exigieron a los diputados que deroguen el decreto.
Tobar sostuvo que el cobro es para financiar el funcionamiento del CSSP.
Escobar informó que para el primer año se calcula un ingreso de $700 mil y luego $64 mil anuales, pero la mayoría de los fondos se usarán para las inspecciones.
Además aseguró que han hecho una revisión de los RTA con los odontólogos y veterinarios.