La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó ayer delegar a un juez para que solicite información a distintas instituciones sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes y la exprimera dama Vanda Pignato, ante el supuesto extravío de dicha información que alega Casa Presidencial.
El juzgador delegado por la Sala de lo Constitucional deberá buscar los registros de los viajes en instituciones como Dirección de Migración y Extranjería, Cancillería y el Ministerio de Hacienda, en el caso de Funes; y a la Secretaría de Inclusión en el caso de la exprimera dama, según fuentes cercanas a dicha Sala.
Asimismo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon que, de ser necesario, se pedirá la incautación de la información para que sea remitida a la CSJ.
Además, acordaron solicitar a la Corte de Cuentas de la República que envíe a la Sala las auditorías o cualquier otra documentación que tenga en su poder acerca de los viajes del exmandatario y la ahora Secretaria de Inclusión Social.
Según las fuentes, se espera que la Sala emita una resolución definitiva hoy.
El viernes pasado se cumplía el plazo de tres días que la Sala dio a Casa Presidencial para entregar la información, pero ésta argumentó que los registros se habían perdido y por ello no podían ser entregados.
Casa Presidencial se contradijo con estos argumentos, ya que antes había afirmado al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que los documentos con la información estaban bajo resguardo de la Presidencia.
Casa Presidencial ha venido negando desde 2012 la información de los viajes oficiales al extranjero del exmandatario, utilizando al menos tres distintos argumentos.
Primero, señaló que la búsqueda de la información era compleja y que por ello no la habían entregado; segundo, que era de carácter reservado porque pondría en riesgo la seguridad del expresidente; y tercero, que la información había sido extraviada.
En la administración Funes se ordenó que dicha información fuera declarada en reserva, lo cual fue ratificado por el presidente Salvador Sánchez Cerén.
La decisión de la Sala se da en el marco de un juicio al que ha sido sometido Funes por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que la sección de Probidad de la Corte le detectara al menos $702 mil en compras e ingresos, cuyo origen no ha justificado por el exmandatario.
Demandan transparencia
El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública demandó a Casa Presidencial la entrega oportuna de la información sobre los viajes de Funes y destacó que la Sala de lo Constitucional esté indagando su paradero.
“El Grupo Promotor considera inadmisible que información que ha sido reservada y, por tanto, está sujeta a un régimen especial, haya desaparecido”, señaló la agrupación, que aglutina varias organizaciones sociales.
Por otra parte, se mostraron preocupados por el hecho de que la Presidencia haya culpado de la desaparición de la información a exfuncionarios, e incluso que haya llevado un aviso a la Fiscalía para que se inicie una investigación. “Es algo muy grave”, señalaron en un comunicado.