Durante la última semana, el descontento y los reclamos ciudadanos por el deterioro de la seguridad pública y el mal abordaje oficial del problema, se intensificaron. Una secuencia de incidentes propiciaron una alarma social que difícilmente se apaciguará por si sola. El homicidio de una docena de personas perpetrado por pandilleros en Opico, es el evento más significativo.
Así como lo hacía Munguía Payés, mientras en secreto fraguaba la tregua con Raúl Mijango en su despacho, el gobierno y sus incondicionales aliados proponen decretar un régimen de excepción como medida extraordinaria. Resulta poco convincente que la verdadera intención detrás de esta propuesta, que otorga poderes increíbles al Estado y limita los derechos de los ciudadanos, esté una intención genuina del presidente y su gabinete de velar por la seguridad de la ciudadanía. Una y otra vez han dejado claro que los intereses partidarios vienen primero y todo lo demás pasa a un segundo plano.
Incluso en esta coyuntura tan complicada, el presidente escogió cumplir un compromiso partidario con Venezuela en lugar de honrar le hecho a los salvadoreños de liderar el combate contra la delincuencia. Cuando regresó a El Salvador, en lugar de dar esperanza a la ciudadanía prefirió seguir el trillado discurso oficialista dedicándose a culpar a los medios de comunicación de magnificar el problema y crear una percepción de inseguridad irreal. Aun teniendo como antesala el homicidio de más de una decena de personas, prefirió avanzar en el objetivo partidario de silenciar a los medios de comunicación, en lugar de transmitir tranquilidad y esperanza a la ciudadanía.
Lastimosamente, este es un patrón de comportamiento. Hace unos días, en el contexto de los videos difundidos en las redes sociales – en los que se observa a mujeres bailando desnudas en un centro penitenciario y otras teniendo relaciones sexuales con pandilleros en sus celdas al interior de presidios – el presidente, en un tono amenazante, advirtió a una periodista que respetara a sus funcionarios cuando le preguntó a Munguía Payés sobre los videos. Antepuso, en esa ocasión, los intereses de su partido sobre el interés de la ciudadanía de obtener respuestas sobre el grave engaño fabricado por el gabinete de seguridad de Mauricio Funes.
Este gobierno se ha caracterizado por no asumir responsabilidad por la crisis en seguridad y aprovechar cada cuestionamiento para culpar a quien no se considere un aliado. Bajo esta mecánica, han sugerido que los responsables del auge criminal son los medios de comunicación, la oposición, gremiales empresariales, la Sala de lo Constitucional y críticos. El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, por ejemplo, hace unos días sugirió que Industrias La Constacia, que hace poco cerró parcialmente operaciones por el estado crítico de la seguridad, financiaba a las pandillas. Esa fue la forma en que el funcionario matizó los pagos hechos por la empresa a los múltiples grupos pandilleros que la extorsionaban, amenazando con agredir a sus trabajadores si se negaban.
No encuentro la lógica que me lleve a pensar que es buena idea darle más poder a un gobierno que, bajo condiciones normales, busca responsabilizar de sus desaciertos a quienes no considera aliados y paralelamente quitarle derechos a éstos últimos. No logro comprender cómo darle más poder a los que no supieron controlar el problema cuando era mucho menos complejo, mágicamente los convertirá en personas las competentes, responsables y genuinamente comprometidas con el bienestar de los salvadoreños que debiesen haber sido desde un principio.
La renovación completa y radical del gabinete seguridad con personas profesionales sin vínculos partidarios, la instauración de mecanismos robustos y vinculantes de fiscalización sobre el aparato de seguridad y la petición formal a organismos internacionales para instaurar una CICIG en El Salvador, son el tipo de medidas extraordinarias que necesitamos, lo demás son parches.
*Criminólogo
@cponce_sv