El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, y el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, cuestionaron al gobierno por intentar coartar las libertades individuales al querer establecer el estado de excepción para controlar la criminalidad.
“Nos metieron en más delincuencia por su famosa tregua a costa de la vida de mucha gente. Ahora quieren quitarnos libertades para resolverla!”, escribió Daboub en su cuenta personal de Twitter, tras conocer que ante el repunte de los homicidios y de las masacres, entre los planes para combatir la delincuencia del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, está el de imponer el régimen de excepción.
“A eso quiere llegar el gobierno. Coartar libertades civiles bajo la excusa de “la seguridad”. Seguridad que no les ha interesado reducir”, siguió en dicha red social.
Inclusive, Daboub agregó por la misma vía que, de nuevo la ANEP traerá a Rudolph Giuliani para que aporte al país en el tema de seguridad.
Similar apreciación tiene el presidente de la ASI, quien considera que el gobierno debe de explicar en detalle en qué consiste esa medida porque están de por medio derechos fundamentales de los salvadoreños. Sostuvo que “por sí sola no resuelve el problema” de inseguridad.
“Hay que tener mucho cuidado porque s e trata de los derechos de los ciudadanos los que se están restringiendo. Cuál es la justificación para hacerlo porque con esa medida se puede callar a los medios de comunicación que están siendo muy críticos de algunas actuaciones del gobierno, con esa medida se puede evitar las expresiones populares de descontento. Hay que tener mucho cuidado cuál es la intención del gobierno con esta medida”, apuntó Simán.
A juicio del presidente de la ASI, el que el gobierno esté queriendo echar mano de estas medidas “extremas”, es que ha fracasado en sus planes de seguridad.
“Obviamente si están llegando a este extremo de restringir las libertades individuales es porque se les está saliendo de control la situación y lo hemos visto con el número de homicidios que estamos teniendo”, dijo en referencia al promedio de 23.8 por día que se ha alcanzado.
Posición de Camarasal Por su parte, la Cámara de Comercio de El Salvador (Camarasal) criticó en comunicado al gobierno por responsabilizar a Agua Cristal por cerrar operaciones temporalmente por la inseguridad que afecta a sus empleados.
“Es totalmente inaceptable que se responsabilice a las víctimas de extorsión de un problema que el mismo gobierno no ha podido resolver, a pesar de los cuantiosos recursos que ha obtenido a través de impuestos y préstamos internacionales”, dice la gremial.