Ayer miércoles reiniciaron las labores de envasado y distribución de Agua Cristal en su planta ubicada frente al mercado La Tiendona. Durante todo el día se pudo observar a varios policías y militares brindando seguridad en la zona.
Por medio de sus cuentas en redes sociales Industrias La Constancia (ILC) agradeció el apoyo ante la situación de inseguridad que los obligó a suspender las operaciones de Agua Cristal.
“Informamos a la opinión pública que a partir de la fecha y con el apoyo de las autoridades dichas operaciones han reiniciado”, rezaba el comunicado.
Cuando el 4 de marzo La Constancia anunció la suspensión de operaciones alegó que se debía a la escalada de inseguridad en los alrededores del mercado La Tiendona.
El cierre de Agua Cristal era temporal hasta que las autoridades garantizaran la seguridad en la zona para los trabajadores y comunidades.
ILC declinó ayer hacer más comentarios al respecto de la situación.
El cierre de Agua Cristal duró 5 días. En ese período la población resintió una falta del producto en tiendas y supermercados. La demanda también agotó las existencias de otras marcas de agua envasada, en su presentación de garrafa, en algunos establecimientos.
Esa división de La Constancia cuenta con 1,000 empleados, entre la fábrica y la distribución. En redes sociales se hicieron públicos comentarios de preocupación por la seguridad de estas personas y sus empleos.
Gobierno matizó sus acusaciones
El titular de la Secretaría Técnica de la Presidencia, Roberto Lorenzana, trató de matizar ayer sus acusaciones de que las empresas financian a las pandillas al pagar extorsiones y la sugerencia de que se debe penalizar a quienes entregan dinero. El funcionario dijo que no tiene el propósito de dañar a nadie.
“Yo no quiero dar elementos de juicio, pero lo que le digo es que no es conveniente porque la gran empresa tiene la capacidad de responder de otra manera, denunciar las extorsiones”, dijo el funcionario en un evento aparte de la Secretaría.
Lorenzana insistió en que se debería dar un debate, “sin el propósito de atacar a ninguna empresa”, sobre el hecho de que algunas compañías opten por pagar extorsión a las pandillas. “De esa manera se da una cosa que no va a tener solución”, añadió.
Las declaraciones de Lorenzana fueron criticadas por políticos y empresarios, quienes las calificaron de irresponsables y un intento por justificar la incapacidad del Gobierno ante la inseguridad en el país.