Conseguir más dinero sin dar cuenta de su uso y evadir el filtro legislativo es el objetivo que está detrás de un decreto de Estado de excepción que analiza el Gobierno desde el lunes pasado, según denunció ayer la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a través de un comunicado.
De acuerdo con la gremial empresarial, el Gobierno ya comenzó a insistir en la necesidad de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia descongelen los $900 millones que se aprobaron de forma irregular en abril del año pasado en la Asamblea Legislativa.
De hecho, ayer mismo el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, condicionó la salida de las reservas del Ejército a esos $900 millones, cuya aprobación está en análisis en la Sala desde 2015, alegando que las medidas de seguridad que se piensan implementar requieren de recursos económicos y no se pueden hacer por falta de ese dinero.
El presidente Salvador Sánchez Cerén indicó esta semana que estudiaban declarar un Estado de emergencia, aunque otros funcionarios han hablado de barajar un régimen de excepción ante la ola de criminalidad.
De acuerdo a la ley, declarar Estado de emergencia faculta al Gobierno a tomar dinero sin aprobación de los diputados, mediante transferencias entre las instituciones. Y en el caso de implementar un Estado de excepción se pueden restringir algunos derechos constitucionales.
ANEP considera que la idea del Ejecutivo de aplicar el Estado de excepción está tratando de desviar la atención de los ciudadanos de la reforma de pensiones “para tomarse a la fuerza el ahorro de los salvadoreños”, según reza el comunicado difundido ayer.
Además señala que la medida excepcional pretende controlar a los ciudadanos y restringir las posibles manifestaciones en contra de la propuesta de reforma de pensiones. “Pretenden quitar derechos fundamentales como la libre expresión, la privacidad de las personas, interviniendo teléfonos, correos, y redes digitales de ciudadanos honrados, allanar la propiedad privada y cualquier otra acción y/o coerción que estimen conveniente”, dice ANEP.
“No es garantía alguna para resolver el problema de la inseguridad que vive la gente”, recalca la gremial.
“Los salvadoreños demandamos soluciones reales al grave problema de seguridad, no excusas ni leyes que coarten los derechos de la ciudadanía”, agrega la gremial, que hace un año le entregó al Gobierno 113 propuestas clave para combatir la violencia en el XV Encuentro Nacional de la Empresa Privada.
Dinero para seguridad
Aunque el Ministerio de Hacienda ya recaudó unos $11 millones del impuesto del 5% a los usuarios de la telefonía para destinarlos a combatir la inseguridad en el país, el Gobierno ha supeditado las acciones extraordinarias para frenar la ola de asesinatos a los $900 millones que siguen en revisión en la Sala de lo Constitucional, e incluso a echar manos de $1,200 millones en bonos que ha pedido a la Asamblea Legislativa.
Chicas dijo ayer en una entrevista televisiva que “si convocamos a reserva nacional para medidas extremas necesitamos que la Sala de lo Constitucional descongele los $900 Mlls. en bonos”. Y que si no se desentrampan estos fondos la otra opción es que les aprueben los $1,200 millones.
El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que si la Asamblea les aprueba esos $1,200 millones en bonos se olvidarían de los $900 millones y destinarían entre $200 a $300 millones para el combate a la inseguridad. “La verdad es que aquello ($900 millones) está congelado en la Corte y nosotros lo que creemos es que si la Asamblea aprueba eso ($1,200) debería derogarse los $900 millones”, dijo el funcionario.
Al límite
La urgencia por el dinero llega en momentos en que sus alternativas de financiamiento rápido están al límite. Las Letras del Tesoro que el Gobierno usa como una tarjeta de crédito ya superaron los $800 millones y suman a la fecha un saldo de $903.3 millones, una cifra a la que no se llegaba desde hace años.
Según Lorenzana, parte de los $1,200 millones se usarían para pagar las Letras del Tesoro y así se trasladaría esa deuda de corto plazo a una de largo plazo. Este mismo refinanciamiento de la deuda ya se ha hecho en más de tres ocasiones para darle liquidez financiera a Hacienda.
La solicitud de dinero para combatir la seguridad también coincide con la discusión por la reforma de pensiones que el Ejecutivo impulsa desde inicio de año y que, de aprobarse, lograría reducir su deuda en casi 20% menos, pues en estos momentos la deuda total del país representa más del 60% y al hacer la reforma ésta se reduciría a un 40%.
La oposición ha señalado que esta medida solo refleja la urgencia del Gobierno por conseguir más dinero. Y para el Ejecutivo obtener fondos es urgente, aun si eso implica pagar más intereses a los acreedores.
Lorenzana reconoció que en tan solo 15 días el precio de los bonos ha caído dos puntos, lo que significa que si el Gobierno vende esos bonos en el mercado de valores solo los obtendría si paga más tasas de interés a los inversionistas.