¿Desperdiciar una crisis grave?

Rahm Emmanuel, prominente político demócrata estadounidense, una vez dijo: “Nunca desperdicies una crisis grave. Y lo que quiero decir es que la crisis es una oportunidad para hacer cosas que tú pensabas que no podías hacer”. Como casi todas las palabras en política, estas pueden interpretarse en al menos dos maneras. Una es que la oportunidad es para hacer cosas que realmente ayuden a resolver la crisis. Otra es que la oportunidad es que la crisis puede usarse como un pretexto para hacer otra cosa que en realidad no tiene nada que ver con la crisis pero que el gobierno quiere hacer.
 
Las reacciones del gobierno a la crisis de la seguridad ciudadana que explotó la semana pasada con el asesinato de once personas en Opico y el cierre de una empresa de agua en la ciudad de San Salvador por la inseguridad de su vecindario dan la impresión de que el gobierno ha pretendido usar la crisis para hacer cosas que antes pensaba que no podía hacer. ¿De qué tipo serían estas, piensa usted?
 
Hubo varias reacciones, provenientes de diversas partes del FMLN en dos etapas muy diferenciadas. La primera se dedicó a restar importancia a los eventos, con actividades que incluyeron las declaraciones del presidente diciendo que el aumento en los crímenes (triplicación de los asesinatos en dos años) se debía a percepciones creadas por los medios, y las declaraciones de otros funcionarios, que variaron desde decir que no había nada extraordinario en que una empresa cerrara ya que muchas empresas cierran y abren todos los días, hasta que la empresa privada mantiene a las maras porque paga las extorsiones (en vez de llamar a la policía que los protegería) y hasta que los empresarios generaban la violencia para vender armas. La ofensiva para bajarle la importancia culminó con el viaje del presidente a Venezuela a hacer luto por la muerte de Hugo Chávez, muerto hace tres años, cuando el país estaba consternado por los eventos nacionales.
 
De pronto, la actitud del gobierno cambió, y mostró una gran urgencia por hacer cosas extraordinarias para resolver una crisis que sólo unos días antes habían negado que existiera excepto en los medios. En ese momento salieron, otra vez, varias propuestas del FMLN. La presidente de la Asamblea Legislativa anunció que se estaba estudiando el establecimiento de un estado de excepción que suspendería varios de los derechos ciudadanos fundamentales. Otros voceros del FMLN dijeron que para poder resolver los problemas de seguridad del país era indispensable que la Sala de lo Constitucional permitiera la emisión de 900 millones de dólares en bonos que está en revisión en la Sala por supuesta violación de los procedimientos que son necesarios para que la Asamblea los aprobara. Este dinero supuestamente se necesitaría para sacar al ejército a las calles.
 
En un artículo publicado ayer (http://observador.elsalvador.com/obp/articulo.aspx/71060/10360205/el-estado-de-excepcion) argumenté que suspender los derechos ciudadanos no ayudaría en nada a la solución de los problemas de seguridad porque nunca han obstaculizado la lucha contra el crimen, y al contrario, ayudan a focalizarlo en los verdaderos criminales. La pretensión de que los 900 millones se necesitan para sacar el ejército a las calles es increíble. La combinación de primero negar la crisis y luego usarla para pretender suspender los derechos ciudadanos y obtener los 900 millones que han tratado de sacar desde hace meses indica claramente que es la segunda interpretación de lo que dijo Rahm Emmanuel es la que se aplica en este caso. El gobierno quiere usar la crisis para obtener cosas que no tienen que ver con la crisis pero que ha deseado hacer desde hace mucho tiempo.
 
Si el gobierno quiere tener credibilidad en este  punto, debería de presentar un plan en el que claramente explique lo que va a hacer. Hay preguntas elementales que tienen que ser respondidas, como por ejemplo, ¿si va a capturar más gente, donde la va a meter si las cárceles ya están sobrecargadas?  Esta es solo una de muchísimas preguntas que deben ser contestadas, y que si no se contestan demuestran más convincentemente que el propósito del gobierno no es resolver la crisis de seguridad sino avanzar en otras áreas de su agenda política.
 
*Máster en Economía,
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy