Ante la emergencia que vive el país y la posibilidad de adoptar medidas extremas como un estado de excepción, los partidos políticos han manifestado diferentes puntos de vista sobre cómo abordar la criminalidad.
Mauricio Vargas, de ARENA, expresó que antes de hablar de regímenes especiales hay que aplicar los controles que exige la ley y afirmó que se puede aprovechar de mejor manera el rol de la Fuerza Armada.
“Denle un mandato, un guión de proceso, una supervisión de la inspectoría de la FAES y la PNC para que ante excesos de fuerza haya una auditoría de procesos y los pueda dirigir”, indicó.
La propuesta de Antonio Almendáriz, del PCN, no es tan diferente a la de Vargas, pues considera que las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas para el control de zonas rurales, mientras que la Policía Nacional Civil puede actuar en las áreas urbanas.
GANA ha lanzado propuestas encaminadas a limitar algunas garantías constitucionales pero de forma focalizada. La primera idea de este tipo data de febrero de 2012, un mes antes del inicio de la “Tregua” entre pandillas, cuando en El Salvador se cometían 13 homicidios al día. Actualmente, el promedio es de 23 asesinatos por día, según cifras oficiales.
René Portillo Cuadra, también de ARENA, considera que el Gobierno no ha utilizado las herramientas que ya le da la ley y que le permite realizar allanamientos, registros corporales y retenes en barrios y colonias.
Por su parte, el PDC propone empoderar a las comunidades y darles más presencia y apoyo de instituciones.
Este partido afirma que es posible combatir la inseguridad sin tener que recurrir a la suspensión de garantías constitucionales como la libertad de expresión o la movilidad de los ciudadanos.