La aplicación de la recién aprobada Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud ha causado preocupación entre los profesionales de la salud, personal administrativo de hospitales e, incluso, de pacientes.
Los consultados coinciden en que la aplicación de la ley debe de ir acompañada con una mayor inversión en la contratación de personal médico, compra de medicamentos, mejoras en la infraestructura de salud, y otros; de lo contrario advierten que la ley se volverá en contra de los trabajadores.
El secretario general del Sindicato General de Empleados de Salud (Sigesal), Mario Arévalo, dijo que la ley en sí no viene a resolver ningún problema en el sistema de salud mientras falten medicamentos, camas, personal médico y administrativo y no se solvente la carencia de medicamentos.
“Está bien que al paciente se le debe de tratar bien, pero a la larga el trabajador se enferma por estar recargado de trabajo y empieza a fallar porque hay poco personal”, cuestionó Arévalo.
Para el sindicalista, así como está formulada la ley, lo que hará es reprimir al trabajador porque no toma en cuenta factores externos que les afecta como el estrés, la inseguridad y que, al final, repercute en el trato hacia los pacientes.
Juan Antonio Tobar, presidente del Colegio Médico, comparte esa opinión al sostener que en el sistema de Salud Pública no hay capacidad instalada para atender a los pacientes y la carga laboral se vuelve un problema para dar una atención de calidad como pretende la ley.
Expuso que a ellos, como médicos, les preocupa que a nivel público y de seguridad social no se está garantizando lo que plantea la ley.
Como ejemplo expuso que al paciente se le debe de dar diagnósticos por escrito, explicaciones sobre efectos secundarios de los medicamentos, entre otros; pero el problema es que a los médicos generales se les exige ver más de diez pacientes en dos horas, lo que no le permite cumplir todos esos requisitos.
“Si el médico tiene que ver 13 pacientes en dos horas, a duras penas logra salir adelante con el diagnóstico, con el plan terapéutico, formulación de exámenes; le da muy poco tiempo para salir con toda esa información”, expuso el presidente del Colegio Médico.
El otro problema, según Tobar, es que los hospitales públicos tienen una saturación de pacientes que sobre pasa su capacidad instalada para guardar la intimidad de la consulta médica, lo que significa que la responsabilidad de una buena atención no recaerá en las autoridades administrativas, sino en los trabajadores.
Claudia Olano, secretaria general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) opinó que para que la ley sea funcional, primero se debe cambiar las normativas institucionales para poder darle una atención de calidad al paciente.
“El problema está en las administraciones, en todos los funcionarios que manejan el sistema de salud, y no en los médicos” porque los galenos siempre actúan con profesionalismo en el poco tiempo en que las instituciones asignan para su atención, manifestó.
Olano insistió en que, tanto en el ISSS como en los hospitales públicos, los médicos no tienen el suficiente tiempo para dar una atención de calidad ya que la mayoría cuenta con diez minutos para “llenar recetas, hojas de farmacia, de antibióticos, ordenar exámenes de laboratorio, escribir en el expediente, explicarle al paciente, entre otros.
El artículo 11 de la ley establece un trato igualitario hacia los pacientes; sin embargo, los miembros de la Asociación de Hemofílicos opinan que en el caso de los pacientes que padecen esta enfermedad dicho artículo no se va a cumplir.
Aníbal Medina, miembro de la asociación, expuso que el ministerio de Salud solo quiere dar atención a los pacientes con hemofilia tipo A, que son la gran mayoría y a quienes se les suministra el medicamento Factor 8, porque es más accesible.
Pero en caso de los hemofílicos tipo B y que necesitan Factor 9, el Minsal no lo entrega a los enfermos porque es un medicamento más caro.
La hemofilia es un trastorno hemorrágico, poco común, en el que la sangre no se coagula normalmente.
“¿Con esa ley, si así le queremos llamar, el sector hemofilia irá a superar la exclusión y la desigualdad?” se preguntó Medina.
El Colegio Médico y Sigesal esperan que cuando se elabore el reglamento por parte del Ministerio de Salud se les tome en cuenta para que “no vaya a cargar los dados contra los trabajadores”, dijo Tobar.
Arévalo advierte que necesitan que todo quede “muy claro”.
La normativa fue aprobada en la Asamblea Legislativa, el jueves pasado, aunque falta que sea sancionada por el presidente de la República y publicada ene l Diario Oficial para que entre en vigencia.
El ministerio de Salud tiene la tarea de hacer el reglamento de la ley para que el marco legal esté completo.