Funcionarios del gabinete de seguridad del Ejecutivo negaron ayer que el presidente Salvador Sánchez Cerén hubiese propuesto implementar un Estado de Excepción en el país, ante la escalada de violencia que aqueja a la población. Por el contrario, reiteraron que a lo que hizo alusión el mandatario fue a implementar medidas excepcionales, de las cuales aún no han querido dar mayores detalles.
Ayer, el Gabinete de Seguridad se reunió con los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia en Casa Presidencial, para explicarles cómo está el panorama en materia de seguridad y para reiterarles que el plan El Salvador Seguro, que fue producto de consensos y propuestas de los diferentes sectores que integran dicho Consejo, no sería dejado de lado.
“No es que estemos dejando el plan El Salvador Seguro, por el contrario, se sigue ejecutando”, expresó Franzi Hato Hasbún, secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial para la seguridad.
Al cuestionársele sobre cuáles son estas medidas extraordinarias que causaron confusión en diferentes sectores dijo que no podía dar detalles por “razones obvias”, pero que estas estarían enfocadas en áreas como centros penales y la operatividad de las autoridades. A la vez, dijo que algunas podrían presentarse en 15 días, y otras en más tiempo.
Evaluó el plan El Salvador Seguro de manera positiva pero dijo que solo al hablar con los ejecutores del mismo, los alcaldes entre otros, es posible saber el impacto del mismo.
Pero el plantear nuevas estrategias para el combate de criminalidad, conllevaría a la “necesidad” de recursos, dijo. Fue así que durante la reunión, explicó que un diputado del FMLN insistió sobre el descongelamiento de los $900 millones, cuya aprobación aún es del análisis de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, aseveró que en ningún momento se consideró, entre las medidas, que se aplicara el Estado de Excepción y que hay muchas medidas que se pueden adoptar para hacer más efectivas las labores de seguridad.
Agregó que cualquier medida que implementen tiene que ir orientada a la efectividad de la misma, no solo a través del incremento de agentes de la PNC o miembros de la Fuerza Armada, sino también para que haya mayor prevención en el territorio, que sea efectiva la investigación y que se facilite procesar y enjuiciar a los responsables de actos criminales.
Con expectativas
El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (Coena), Jorge Velado, manifestó que sugirió mayor control de las pandillas y que si el problema se está generando en los penales, tal como lo han aceptado las autoridades, ahí es donde deben tomarse medidas extraordinarias.
Además sugirió que lo relativo a medidas de prevención sea atendido por el gabinete social y dejar a la PNC y Fuerza Armada para que trabajen en la persecución del delito.
El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Christian Salazar, afirmó que es importante mantener el control del territorio y la represión del delito, pero que también sigan las labores de prevención, las cuales no han cesado, según informaron las autoridades durante la reunión.
“Sabemos como PNUD en toda Latinoamérica (…) que la Policía sola, no puede. Se necesita reforzar justicia y persecución penal, pero hay que abrir oportunidad en las comunidades”, expresó Salazar.