Falta de “contundencia” en las medidas anunciadas ayer por el presidente Salvador Sánchez Cerén para contrarrestar la violencia fue lo más cuestionado por analistas políticos y diputados de la Asamblea Legislativa.
Los consultados criticaron que el gobierno no debió esperar que la criminalidad se desbordara para ejecutar dos medidas que ha propuesto y que ya tenía capacidad de hacerlo: descongestionar las cárceles y ampliar el uso de la Fuerza Armada.
Es más, el profesor en criminología, Carlos Carcach, y el exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, afirmaron que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya le dio al gobierno una de las herramientas más eficaces para contrarrestar a las maras y es aplicar el fallo que les ordenó juzgar a los pandilleros como “terroristas”.
“Yo no sé qué es lo que están esperando”, aseveró Carcach, para quien en estos momentos de recrudecimiento de la violencia lo más inmediato es ejecutar medidas de “represión” para neutralizar el accionar de las pandillas con base en un trabajo de inteligencia policial intenso.
Consideró que buscar reducir el hacinamiento en las cárceles no es la solución y, de hecho, en la Asamblea ya existe una propuesta de retirar de las prisiones a los reos con enfermedades terminales, aunque este grupo no sobrepasa los 3,000 reclusos.
Es más, Carcach cree que la medida más efectiva sería que el Estado recupere el control de las cárceles, ya que desde allí es que se gestan las órdenes para cometer los homicidios, señaló.
Sobre la iniciativa de sacar a toda la Fuerza Armada, incluso a las reservas, Carcach opina que sería mejor formar a los policías en el combate a las maras.
Esta propuesta es bien vista por los diputados y militares en retiro Antonio Almendáriz, del PCN; y Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA; también por Guillermo Gallegos, legislador de GANA.
Gallegos apuntó que al Presidente le faltó “contundencia” ayer. El legislador propuso en 2012 y en 2014 implementar el Estado de excepción en los municipios más asediados por las maras.
Almendáriz y Vargas sostienen que, a la fecha, el Ejército se ha desperdiciado al salir a las calles sólo como apoyo de la Policía. Ambos afirman que a la Fuerza Armada debe dársele un mandato claro y no como los han desplegado, porque a juicio de Vargas “han andado de compañía o de guardaespaldas de los policías”.
Para Bertrand Galindo, el uso del Ejército requiere que sean capacitados para esa labor, que estén bajo control y que haya dinero para ponerlos a todos en la calle.
Una opción que considera buena el exministro es que los equipos de soldados y policías que mandan a las colonias o barrios se quedaran en las zonas para mantener el control del territorio, ya que por el momento se retiran de ella y esa área liberada de maras vuelve al estado original.
“Se necesita que se queden dentro del territorio, que la fuerza pública sostenga a los municipios”, consideró Bertrand Galindo.
También expresó que la declaratoria de “emergencia” que pide Sánchez Cerén busca dos tipos de facultades: readecuar el presupuesto de la Nación de manera ágil y poner a disposición del Estado a todas las autoridades.
Almendáriz y Vargas expresan que para hacer uso de la Fuerza Armada el Ejecutivo no necesita del permiso de la Asamblea, porque en una circunstancia como la actual la Constitución de la República ya le da esa potestad al presidente como Comandante General de las Fuerzas Armadas.
Lo que no les queda claro a los legisladores es a qué se refiere Sánchez Cerén con la declaratoria de emergencia.
A Vargas le preocupa lo que Bertrand Galindo señala: que al declarar un Estado de emergencia el gobierno puede “flexibilizar” los presupuestos, es decir, pasar dinero de un ministerio a otro. Para ARENA esa sería una excusa sólo para conseguir fondos.