La resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que estableció multa para un empleado del Ministerio de Economía (Minec) por la destrucción de archivos ha enfrentado a ambas instituciones.
El Minec reaccionó ayer presentando un escrito al Instituto para que “aclare” su resolución emitida la semana pasada, en la que multa con 35 salarios mínimos mensuales, es decir $8,809.5, al empleado Manuel Alfredo Ramírez, luego de confesar que destruyó 41 archivos considerados de carácter histórico.
El Minec no solo se desmarcó de los señalamientos del IAIP, sino que alega una violación a sus derechos de defensa y de presunción de inocencia, según detalló el asesor del despacho ministerial del Minec, Salvador Ernesto Menéndez.
También sostuvo que se ha “involucrado institucionalmente” al Minec en un conflicto originado por la denuncia de un empleado contra otro.
“Lamentamos y pedimos una aclaración por habernos involucrado institucionalmente en una resolución emitida en torno a un caso del que no tuvimos conocimiento y del que no fueron tomados en cuenta nuestros puntos de vista”, dijo el asesor del despacho del ministro de Economía.
Menéndez negó, además, que se trate de archivos históricos, sino que son “bitácoras de control escritas a mano”, donde solo se anotaban “los ingresos y egresos de decretos y acuerdos” de dicho ramo.
La respuesta del IAIP no se hizo esperar. El comisionado Jaime Campos afirmó que en la investigación hecha por el Instituto consta que el titular del Minec, Tharsis Salomón López, estaba enterado de la destrucción de los archivos.
“No es que estamos atribuyéndole a cada uno de los funcionarios el cometimiento de un ilícito, de ninguna manera, lo aclaro”, dijo Campos.
El comisionado agregó que la denuncia fue específicamente contra el empleado sancionado, por eso fue a él a quien se dio el derecho de audiencia. “No hay que mal interpretar la decisión del Instituto”, remarcó.
Dijo que al determinarse que otras personas “sabedoras de la situación pudiesen tener alguna responsabilidad”, eso debe investigarlos la Fiscalía General de la República.