Cinco de seis asociaciones, entre representantes de las AFP, tanques de pensamiento y organizaciones de sindicalistas que fueron invitadas a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, rechazaron ayer la propuesta de pensiones que el Gobierno impulsa desde hace meses con el objetivo de crear un sistema mixto.
La mayoría de dichas organizaciones coincidió en que la reforma solo se ha enfocado en el tema fiscal para resolver los problemas de caja y deuda que tiene el Gobierno, y que en nada ayuda a mejorar las pensiones de los trabajadores.
Solo la Asociación de Trabajadores jubilados y pensionados de El Salvador (Asotrajupdes) estuvo de acuerdo con que el Estado retome la administración de una parte de los fondos de pensiones, aunque coincidió con el resto de invitados en que no conoce el estudio técnico del cual salió la propuesta, y que también es necesario crear una mesa técnica en la que se incluya a los trabajadores como actores importantes de la discusión.
Los primeros en señalar las debilidades de la reforma fueron los representantes de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), quienes explicaron a los diputados que la propuesta, en vez de mejorar las pensiones o devolución de saldo a los trabajadores, las reduce.
Según sus datos, unos 1.3 millones de más bajos ingresos tendrán que entregar la totalidad de sus ahorros de pensiones y si no cumplen con el requisito de 25 años de cotización, su devolución será menor en 30 a 60% respecto a lo que le pudo haber regresado una AFP.
“La propuesta de reforma no ofrece ningún beneficio adicional a lo que ya está contemplado”, señaló René Novellino, presidente de la Asociación.
Fundaungo, por su parte, dijo que la propuesta de reforma, así como está redactada, no es integral y solo se centra en el tema fiscal. De acuerdo con María Elena Rivera, es recomendable que la parte fiscal se discuta de forma separada de la que compete realmente al sistema previsional que busca una mejor seguridad social para los salvadoreños.
Rivera señaló que no conocen el documento base con el cual se elaboró la propuesta de ley y que tampoco aborda temas como una instancia de diálogo tripartito, competencia de las AFP o la reducción de la inversión en deuda del Estado.
Los que fueron más tajantes en el tema fueron, sin duda, los representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) que destacaron que el Gobierno quiere hacer una confiscación de más de $5,000 millones que hoy están en cuentas individuales de los trabajadores.
“El que menos gana es al que más le van a quitar”, dijo Enrique Anaya, representante de este grupo sindical. Anaya agregó que si la reforma se aprueba tal y como está acudirán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pues a su juicio la reforma es inconstitucional.
En ese mismo sentido, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades sostuvo que esta propuesta vulnera el derecho a la seguridad privada que tiene todo ciudadano pues el Gobierno quiere obligar a los salvadoreños a entregar todos sus ahorros o parte de ellos sin darles opción.
Los representantes de Asotrajupdes -la única organización que estuvo de acuerdo con la propuesta del Gobierno- señalaron que el Estado debe retomar su rol con las pensiones. “Que el Gobierno recupere la hegemonía del sistema de pensiones”, dijo José Neftalí Galeano, presidente de la asociación que aglutina a unos 450 jubilados del ISSS y el INPEP.
Esta asociación, además, insistió en que el Gobierno debe revalorizar las pensiones, es decir, que suban la pensión mínima que ahora es de $207.
Los diputados más acuciosos en preguntar sobre el tema fueron Donato Vaquerano, de ARENA, quien insistió en saber si las organizaciones tenían el diagnóstico técnico que ha hecho el BID.
Todos los invitados le respondieron que no lo conocían. Funde lo ha solicitado.