BRASILIA. Con gritos de “Fuera”, batiendo cacerolas y haciendo sonar sus bocinas, miles de brasileños expresaron anoche su rechazo al Gobierno de Dilma Rousseff, acorralado por una crisis política sin precedentes, y contra el nombramiento como ministro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las protestas fueron convocadas tras la divulgación de una conversación telefónica entre Rousseff y Lula que sugiere que ella intervino para intentar evitar la posible detención de su antecesor.
Los manifestantes, cargados con pancartas y banderas de Brasil, criticaron la incorporación de Lula al gabinete de Rousseff, una maniobra que lo blinda ante la Justicia, porque es investigado por enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero, falsificación de documentos, y por vínculos con la corrupción en la estatal Petrobras.
Los gritos de “Fuera Dilma”, “Fuera PT” (Partido de los Trabajadores) retumbaron en las calles de las de principales ciudades del país.
En Río de Janeiro, la protesta se escuchó con fuerza en barrios como Copacabana o Botafogo, mientras que en Sao Paulo y Brasilia el “cacerolazo” coincidió con las manifestaciones organizadas contra la designación de Lula como titular del influyente Ministerio de la Presidencia.
La divulgación de los explosivos audios provocó un auténtico terremoto político: el Partido Republicano anunció que deja la alianza oficialista, la Cámara baja adelantó que hoy retomará el trámite para un eventual juicio político contra Rousseff, la oposición exigió a gritos su renuncia.
El diálogo telefónico fue difundido por el juzgado de Curitiba, donde actúa el juez Sergio Moro.
En la conversación, Rousseff le dice a Lula, investigado por Moro por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos en el caso de corrupción por Petrobras, que le envió con un mensajero con “el acta de asunción” (su nombramiento como ministro de la Presidencia) para que lo use “en caso de necesidad”.
La conversación, según diferentes analistas, deja traslucir que ambos están preocupados con la posibilidad de que algún juez ordene la detención preventiva de Lula antes de que el exmandatario sea investido como ministro el próximo martes, cuando obtendrá el fuero privilegiado.
El juez Moro levantó el sigilo de las escuchas en las líneas telefónicas de Lula luego de que Rousseff anunciara el nombramiento como ministro de la Presidencia. “
“El levantamiento permitirá no sólo el ejercicio de la amplia defensa de los investigados sino también un saludable escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia Justicia criminal”, argumentó Moro.
El cargo le permitirá a Lula da Silvao blindarse de las investigaciones que lleva a cabo Moro. A partir de ahora, esas causas pasarán de la Justicia común al ámbito de la Corte Suprema, lo cual dilatará el proceso, por lo que la oposición considera que el propio gobierno está dejando de lado su “compromiso” de defender la Constitución y las leyes.
Abandonan a Rousseff
El presidente del Partido Republicano Brasileño (PRB), Marcos Pereira, anunció que esa formación decidió abandonar el gobierno de Rousseff y entregar el cargo que ocupa el diputado George Hilton como ministro de Deportes.
“No vemos un norte para la situación del país”, alegó el presidente del PRB, partido que cuenta con 21 de los 513 diputados y solo uno de los 81 senadores, números no muy significativos pero que son cruciales para el gobierno, ya que la Cámara baja se apresta a retomar el trámite para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff.
Sigue juicio político contra Rousseff
La Cámara de Diputados anunció anoche que retomará hoy el trámite para un eventual juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que está acorralada por una creciente crisis política y escándalos recurrentes. El juicio de destitución de la gobernante podrá proseguir, aunque el Senado, más favorable a la mandataria que la Cámara de Diputados, tendrá la última palabra, confirmó la Corte Suprema.
La resolución permite a la Cámara de Diputados instalar la comisión especial que analizará en primera instancia si existen argumentos para abrir un juicio contra la mandataria izquierdista. Reelegida en 2014, Rousseff es acusada por juristas y opositores de aumentar gastos sin permiso previo del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales. .