Los tres meses más que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio a la Asamblea para cumplir con el fallo de reformar la ley de Telecomunicaciones para regular las concesiones que permiten el uso de las frecuencias radioeléctricas no serán suficientes.
Eso debido a que la Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Blanca Coto, les remitió un pliego de nuevas modificaciones a la normativa, las cuales no podrán ser evaluadas a tiempo en la comisión ad hoc que se formó para ese fin en la Asamblea, según informaron ayer los diputados de ARENA, Karla Hernández, y el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce.
El primer plazo que la Sala le había dado a la Asamblea venció el 31 de diciembre de 2015, pero ante la falta de consenso entre los legisladores el presidente de la comisión especial, el efemelenista Roger Blandino Nerio, pidió un periodo adicional de tres meses que vencen el próximo 31 de marzo.
Pero según Hernández y Ponce será casi imposible analizar el proyecto de reformas remitido por la Siget en lo que queda de esta semana, incluso, ambos diputados cuestionaron que este martes tenían reunión de la comisión ad hoc y que estaban listos para emitir el dictamen que podría haber sido aprobado ayer en el pleno, pero dos horas antes se suspendió la convocatoria.
“Sí, podríamos caer en desacato”, afirmó el diputado Mario Tenorio, de GANA, cuando se le consultó si el tiempo que hace falta para entrar a vacaciones de Semana Santa será suficiente para cumplir con el plazo extra que les dio la CSJ.
Ponce cuestionó que Coto los quiera llevar a reformar de manera integral la ley de Telecomunicaciones cuando es algo que no les compete como comisión especial, sino que le corresponde hacerlo a la de Economía, donde deberá de analizarse el nuevo proyecto de reforma que les envió la institución.
“Estamos listos para votar únicamente lo que tiene que ver con el espíritu de la sentencia, no más allá de eso”, afirmó Ponce. Añadió que la comisión ad hoc está inmersa en la renovación de quienes ya tienen la concesión dada por el Estado y están cumpliendo con darles los 20 años para renovarla.