A un mes de que la Subdirección Antipandillas fuera disuelta por las autoridades de la Policía, el vicepresidente Oscar Ortíz anunció ayer la creación de otro grupo de “respuesta rápida” para combatir a las pandillas.
Esta unidad estará conformada por mil agentes y su misión sería la de actuar de inmediato ante cualquier situación violenta que se pueda presentar generada por las pandillas, sobre todo en la zona rural del país, según Ortíz.
La extinta Subdirección Antipandillas fue creada en abril de 2012, un mes después de que las pandillas pactaran una tregua de no agresión entre esos grupos ilegales y la cual fue avalada por el Gobierno de Mauricio Funes.
Ortíz dijo que también se emplearán 12,000 soldados que reforzarán los planes de seguridad en las zonas más afectadas por la criminalidad, en especial la que causan las pandillas.
“Activos son 25 mil policías, pero son 21 mil en tareas operacionales. De éstos tenemos la posibilidad de poner al menos 12 mil miembros del Ejército complementando esa tarea de presencia territorial”, explicó.
En noviembre de 2009, el entonces Gobierno autorizó el despliegue de 2,500 soldados más en las zonas con alta incidencia de maras en 19 municipios del país.
La creación del grupo de reacción rápida contra las pandillas y el aumento del número de militares para apoyar en las tareas de seguridad pública son parte de las 14 medidas extraordinarias con las que según Ortíz, el Gobierno buscará frenar la incontrolable escalada de violencia que alcanza este año un promedio de 23 asesinatos por día.
Ortíz dijo además que con las medidas se pretenderá “cortarle los flujos financieros a estos grupos” de pandillas, sin adelantar detalles de las mismas. Agregó que las comunidades también serían incluidas en las medidas, ya que se busca organizarlas en tareas de vigilancia y otras labores que no especificó.
“No basta la Policía… hay que contener, y esto solo se hace activando ciudadanos y ciudadanas que puedan contribuir a esa tarea. Vamos a empezar en aquellos lugares donde no tenemos aún lucha en el territorio”, adelantó.
“Va a ser una función en varias direcciones. Hay que darles competencia… Actuar en términos no solo de garantizar un mecanismo de información”, añadió.
Planes sin resultados contra el crimen
Ninguna de las medidas y planes de seguridad que se han impulsado en los últimos siete años han logrado frenar el avance desmedido de la criminalidad que cada año que pasa se ha ido profundizando.
Al menos una decena de medidas o estrategias de seguridad han sido aplicadas por este y el Gobierno de Mauricio Funes, sin que ninguna de las mismas hayan sido tan efectivas como para poder mermar el crimen, y en especial el que generan las pandillas.
Contrario a lo que se esperaba con la aplicación de estos planes o estrategias anticrimen, la situación de inseguridad ha empeorado en los últimos dos años y lejos de debilitar a las pandillas, estos grupos se han fortalecido aún más, por ejemplo, después de la tregua que pactaron ambas pandillas.
Estas estrategias que en su momento fueron publicitadas con gran pompa por las autoridades de turno, para analistas de Seguridad fueron improvisadas porque solo sirvieron para “ir apagando el fuego del momento”.
El criminólogo y articulistas de El Diario de Hoy Carlos Ponce, ha sostenido en reiteradas ocasiones que las estrategias impulsadas no solo por el actual Gobierno sino que también el anterior no eran sostenibles en el tiempo porque nunca le pusieron paro a la escalada de violencia que se ha profundizado en los últimos años.
“Eran medidas para darle respuesta a problemas coyunturales de seguridad”, dijo en su oportunidad Ponce.
Agregó en esa ocasión que “todas estas acciones aisladas no guardan relación con una estrategia congruente y tampoco tuvieron un impacto contundente en la criminalidad, en especial la generada por las pandillas”, dijo.
La violencia que se vive en el país ha llevado a tener índices escandalosos que en un solo año ha causado las muertes de 6,656 personas, una cifra sin registro alguno, después de haberse terminado el conflicto armado.
Para este año, la situación sigue peor, porque en 75 días transcurridos ya se han registrado 1,715 víctimas de la violencia, lo que se traduce que en promedio 23 personas son asesinadas por día, según la Policía.
Las estrategias como el plan Batalla por la Paz, Plan de Protección al Transporte Público, Policía Comunitaria, la creación de batallones del Ejército llamados Fuerzas Especiales de Reacción (FER) y de la Unidad Antipandillas; han resultado poco o nada efectivos para poder contener el accionar de las pandillas.
Estos batallones militares, que fueron integrados por 600 oficiales y soldados, iban a hacer destinados a las zonas rurales del volcán Chichontepec y el cerro de Guazapa porque se había detectado la migración de pandillas hacia esos sectores para adiestarse en tácticas militares.
A lo anterior se le sumó el plan Casa Segura que en nada pudo contribuir a parar la migración forzada de familias residentes en zonas con presencia de pandillas.
Otro de los programas que con tanto despliegue publicitario hicieran las autoridades de Seguridad, pero que tampoco arrojó los resultados esperados, fueron los municipios libres de violencia que en un principio se les llamó municipios santuarios.
Este programa que se iba a impulsar en 18 municipios con alta incidencia pandilleril, tampoco pudo frenar el avance desmedido de la violencia, pese a que el Gobierno anterior se comprometió a destinar 33 millones de dólares para programas de prevención. Sin embargo, los alcaldes de esos municipios se quejaron nueve meses después de que no habían recibido ni un tan solo centavo para los programas de prevención.
Al final, este proyecto al igual que otras estrategias, desapareció de los planes del Gobierno.
Pero la mayor apuesta para este Gobierno para enfrentar al crimen generado por las pandillas ha sido la Policía Comunitaria, un modelo que también iría camino al fracaso, según fuentes de la Policía.