BRASIL. Una serie de demandas ante la justicia brasileña dejó ayer en el aire el nombramiento y la investidura del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia en el Ejecutivo de Dilma Rousseff, de lo que puede depender su blindaje ante los tribunales.
Lula, blanco en diversas investigaciones por corrupción, ocupó el cargo de ministro de forma efectiva cerca de una hora, el lapso que pasó entre la firma de su acta ante Rousseff y el anuncio de la primera decisión de un juez de suspender los actos celebrados en el palacio de Planalto.
Dos jueces, uno de Brasilia y otro de Río de Janeiro, ordenaron la suspensión del nombramiento por el riesgo de una eventual obstrucción a la justicia por parte de Lula, aunque el Gobierno anunció que recurrirá todas las demandas que se presenten.
En opinión del Gobierno, estos fallos judiciales no anulan la investidura, por lo que Lula sigue siendo ministro aunque no pueda ejercer sus nuevas funciones.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, la máxima instancia del país que ha recibido al menos diez demandas y en las que, además de pedir que Lula no sea ministro, se exige que sea procesado por el temido juez Sergio Moro, de la corte de Curitiba.
El juez federal de Brasilia, Itagiba Catta Pretta Neto, señaló que Rousseff podría haber incurrido en un delito de “responsabilidad” al nombrar a Lula, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra “la probidad” (honradez) de la Administración pública.
Los delitos de “responsabilidad” son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir el jefe del Estado. De hecho, la Cámara de Diputados reanudó ayer la discusión de una posible destitución de Rousseff.
La oposición y ciudadanos particulares presentaron numerosas demandas en tribunales de todo el país para tratar de impedir el nombramiento de Lula, pero el Gobierno anunció que va a recurrir todas ellas.
El partido Demócratas y el Partido Socialista Brasileño (PSB), este último exaliado del Gobierno, anunciaron también que apelarán a la Justicia para suspender el nombramiento.
El magistrado Teori Zavascki, el relator de dos de estas demandas, dio ayer un plazo de cinco días para que presenten sus alegaciones la Fiscalía, la Presidencia y la Abogacía General de la Unión, antes de tomar su decisión, que también será cautelar y solo valdrá hasta el juicio que tenga lugar en el pleno del Supremo.
El abogado del Estado advirtió ayer del peligro de la “judicialización” de la política, en plena escalada de declaraciones entre el Gobierno y la magistratura por supuestas y respectivas violaciones a la Constitución y a la independencia de los tres poderes.
La propia Rousseff anunció que tomará medidas legales contra el juez Moro por haber ordenado grabar y haber divulgado unas conversaciones telefónicas entre ella y Lula, que fueron captadas hasta el miércoles en el marco de las investigaciones por la supuesta participación del exmandatario en diversas corruptelas.
En la ceremonia de investidura de Lula, Rousseff dijo que el juez Moro tiene por objetivo “convulsionar a la sociedad brasileña con métodos oscuros y criticables, viola los principios y garantías constitucionales, los derechos de los ciudadanos y abre precedentes gravísimos. Los golpes comienzan así”.
Ese pronunciamiento provocó una respuesta de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (AJUFE), que además de arropar a Moro, rechazó de forma vehemente las “intimidaciones” y las “tentativas temerarias de injerencia en las decisiones judiciales”.
Sea cual sea la decisión de los tribunales acerca de Lula, el Supremo ayer dejó claro que no le dará un trato de favor si lo acaba juzgando por el caso de supuesto lavado de dinero en el que la Fiscalía de Sao Paulo le acusó formalmente o por las sospechas de su participación en las corruptelas de Petrobras.
“La República no admite privilegios”, dijo el juez Celso de Mello, decano del Supremo, después de reprobar con duras palabras los desaires que había proferido Lula contra los tribunales durante una conversación telefónica grabada por la Policía, que fue filtrada el miércoles.
Al margen de los tribunales, el nombramiento de Lula elevó la polarización en las calles de varias capitales brasileñas, donde se registraron manifestaciones a favor o en contra del expresidente.
Los participantes corearon lemas como “nuestra bandera nunca será roja”, en referencia al color que identifica al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), o “si Dilma no renuncia, el país parará”.
Las manifestaciones se replicaron en el interior del palacio de Planalto, donde los diputados oficialistas y opositores se enzarzaron en un breve duelo de coros, los primeros al grito de “no habrá golpe” y los segundos, clamando la “vergüenza” que supone la asunción de Lula.
Durante la ceremonia, la seguridad en el Palacio de Planalto fue reforzada con decenas de policías y el tránsito de vehículos fue restringido en torno a la Plaza de los Tres Poderes, donde también se sitúan las sedes del Congreso y de la Corte Suprema.
Los grupos favorables al Gobierno eran más numerosos y, según cálculos de la Policía Militar, sumaban unas 300 personas, en tanto que los opositores no llegaban al centenar.
La difusión de los audios y la sospecha de que Rousseff designaba a Lula ministro para demorar el proceso llevó a miles de personas a protestar en todo el país y exigir la destitución de la mandataria, como el pasado domingo ya lo habían hecho 3,5 millones de personas en la mayor manifestación política de la historia brasileña.
De hecho, una vez que fueron difundidas las grabaciones, el Partido Republicano decidió abandonar la coalición de gobierno y se posicionó en favor de la destitución de Rousseff. Esa formación cuenta con 21 de los 513 diputados y sólo uno de los 81 senadores, números no muy significativos, pero que son cruciales para el Gobierno frente a un posible juicio político contra la mandataria.
La condición de ministro le garantiza a Lula un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
La frase que castiga a Lula da Silva 28 años después
14 de febrero de 1988: Luis Inacio Lula da Silva era diputado federal de Brasil y una polémica por financiamiento irregular de campañas políticas sacudía a su país.
Su opinión en ese entonces fue que el gobierno debía “encerrar” en la cárcel a los parlamentarios que hubieran recibido ayuda financiera de parte de empresas rompiendo con las normas del Código Electoral.
Pero sus palabras más duras resultaron, de alguna forma, premonitorias, pues Da Silva también declaró: “En Brasil es así, cuando un pobre roba va a la cárcel, pero cuando un rico roba se convierte en ministro”.
Ayer, esas declaraciones fueron recordadas por medios internacionales, como Clarín, ABC.es, El País, La Nación entre otros. Cuando dijo la frase, Lula tenía 42 años. En 2016, con 70 años, fue investido como ministro en medio de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de Latinoamérica.