BRASILIA. El magistrado Gilmar Mendes, uno de los once miembros del Tribunal Supremo de Brasil, decidió anoche de forma cautelar suspender el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia y negarle el fuero privilegiado que le ofrece el cargo, informaron fuentes judiciales.
El magistrado aceptó mediante cautelar una petición del opositor Partido Popular Socialista (PPS) para dejar sin efecto el nombramiento de Lula como miembro del gabinete de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, con el argumento de que el acto tan solo busca blindar al exmandatario ante las investigaciones que enfrenta por corrupción.
En la misma cautelar, Mendes determinó que todos los procesos contra Lula por lavado de dinero y falsificación tienen que permanecer en las manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de Curitiba y responsable de la investigación por las corruptelas en Petrobras.
Esto coincide con la decisión, de otro magistrado, de suspender suspensión el nombramiento de Lula.
El juez Luciano Tertuliano da Silva, de la Justicia Federal de Assis (Sao Paulo), justificó su decisión con el argumento de que Lula y su ahijada política, la presidenta Dilma Rousseff, interfirieron en la investigación de corrupción en la petrolera Petrobras.
El juez también justificó su decisión con las revelaciones de las escuchas telefónicas al expresidente divulgadas el jueves y que levantan la sospecha de que Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso jurídico en su contra.
Según Tertuliano da Silva, las conversaciones grabadas por la Policía demuestran la “arquitectura de los mecanismos ocultos y odiosos para interferir en los resultados de las investigaciones” a través de una “amplia actuación ilícita” basada en la obtención de “informaciones privilegiadas”.
Y todo apunta a que habrá más denuncias: el Tribunal Supremo Federal estudia 12 peticiones para suspender a Lula como ministro, y varios partidos de la oposición y movimientos ciudadanos preparan acciones legales contra él.
El nuevo ministro tomó posesión el jueves en un acto junto a Rousseff. Su nombramiento está rodeado de polémica debido a las sospechas de corrupción relacionadas con el caso Petrobras y existe una petición de prisión preventiva en su contra.
La oposición cree que Rousseff ha nombrado ministro a Lula para aforarlo y, así, blindarlo de la Justicia, porque los ministros tienen fuero y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo Federal. Miles de brasileños salieron a la calle para protestar contra el gobierno al conocer el nombramiento del expresidente.
La tensión de la crisis política que vive Brasil sigue en aumento. Miles de ciudadanos se manifestaron ayer en Sao Paulo y Brasilia contra el PT y a favor de las investigaciones anticorrupción del juez Sérgio Moro, responsable por la operación Lava Jato (que investiga la corrupción en Petrobras). Las protestas fueron reprimidas por la Policía.
La investigación ha implicado a decenas de figuras públicas de todo el espectro político brasileño y a empresarios.
Aceleran proceso contra Rousseff
Mientras, la Cámara de los Diputados celebró ayer una sesión extraordinaria para acelerar el trámite para un juicio político contra Rousseff.
El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, anunció que el organismo legislativo celebrará sesiones de lunes a viernes, dos días más de lo habitual, con el objetivo de acortar los plazos del posible juicio que puede llevar a la destitución de Rousseff.
La mandataria tiene un plazo de diez sesiones parlamentarias para presentar su defensa ante la comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para procesarla.
Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y 4 partidos de la oposición, se fundamentan en supuestas irregularidades cometidas por el gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que presuntamente ocultó millonarias deudas con la banca pública.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves la instalación de la comisión que decidirá la suerte de la mandataria, que está compuesta por 65 diputados de partidos de todo el arco parlamentario.
La comisión analizará el caso durante 15 sesiones, lo que, gracias a la aceleración de los trabajos, puede concluir en las primeras semanas de abril, cuando se realizaría la votación para aprobar el juicio político.
Si se pronuncia a favor del juicio político, la comisión pasará la palabra al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos).
En caso de que los diputados decidan proseguir con el proceso, el turno será del pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.
En ese último caso, ella deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tendrá plazo de 180 días, y en ese período será sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, que completará el mandato que concluye el 1 de enero de 2019.